Diputados locales de Veracruz
culparon al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de su decisión de autorizar a los 212 municipios utilizar recursos de un fondo federal del 2017 para culminar obras del año pasado, lo cual fue considerado como ilegal por la federación.
Los legisladores revelaron que antes de aprobar ese dictamen, pidieron una opinión técnica al Orfis para utilizar dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 2017 para obras del 2016 que no se realizaron por supuestos desvíos de recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte .
La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros Cházaro, aseguró que antes de aprobar este punto de acuerdo solicitaron la opinión técnica del Orfis, a cargo de Lorenzo Portilla Bonilla y que incluso la propia Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) solicitó que se hiciera.
En entrevista, consideró que aún pueden "recular", pues ahora ningún municipio ha podido acceder a ello y el Congreso local solo han recibido seis peticiones.
La legisladora consideró que de ser necesario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe iniciar una investigación para deslindar responsabilidades, pero insistió en que los diputados locales se apoyaron en el Orfis y Sefiplan, para tomar esta decisión.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, Juan Manuel de Unanue Abascal , aseguró que la Legislatura no se extralimitó con esta decisión ya que se basó en la falta de pago del FISM en 2016 del Gobierno de Javier Duarte.
“Nosotros consideramos que no infringimos de ninguna manera la Ley, ni se pretendió en ningún momento legislar en materia de recursos federales porque no somos legisladores federales.Lo único que podemos asumir es que el Congreso precisó lo que podían hacer los ayuntamientos veracruzanos apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”,
El panista insistió en que el Poder Legislativo no rebasó sus atribuciones, ni fomenta el desvío de recursos, y justificó que el Orfis aprobó este mecanismo, ya que el 90 por ciento de los 212 municipios reportaron obras realizadas o en proceso de terminarse del 2016 que no fueron pagadas.
“Buscamos apoyar a los presidentes municipales porque se vieron metidos en líos porque el pasado Gobierno no les entregó sus recursos (…) ya que el 90 por ciento de los ayuntamientos registró obra pública que no pudo concluir a tiempo por la falta de ese dinero”.
Y es que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal determinó que el Congreso de Veracruz se extralimitó y violó la ley al autorizar a los 212 municipios utilizar dinero de un fondo federal del 2017 para terminar obras sociales programadas en el 2016.
Fue el propio Director General de Desarrollo Regional de Sedesol, Ariel Álvarez Fernández, quien presentó un análisis legal y determinó que los diputados locales veracruzanos cometieron una ilegalidad al autorizar a los alcaldes agarrar dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 2017 para concluir obras del año pasado.
En el oficio número 614.DGDR/206/2017, en poder de EL UNIVERSAL, el funcionario federal recomendó presentar una queja ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues con esta medida autorizada por el Congreso y publicada en la Gaceta Oficial del Estado se estaría violentando la Ley de Coordinación Fiscal.
afcl
