Legisladoras y legisladores de Quintana Roo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a nivel local y federal, rechazaron que las controvertidas reformas al Poder Judicial, aprobadas para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, sean resultado de la imposición de una “mayoría aplastante” que prescinde de la discusión con la oposición y de las opiniones de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.
A pregunta expresa, negaron que su comportamiento replique las prácticas que en el pasado ponía en marcha el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para avasallar a los partidos opositores, ejerciendo presiones políticas e ignorando a la sociedad civil, bajo el argumento de que representan a “una mayoría” en el Congreso de la Unión y como resultado de los casi 36 millones de votos que obtuvieron el dos de junio para la elección de la presidencia de la República.
“No somos iguales a los gobiernos neoliberales de antes que impedían porque querían y porque querían. Nosotros consultamos y convencemos (…) No es el estilo de la Cuarta Transformación vencer por vencer o ganar discusiones porque pueda.
“El espíritu de la Cuarta Transformación siempre ha sido consultar al pueblo”, manifestó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso de Quintana Roo, Jorge Sanen, en conferencia de prensa, acompañado por sus pares en lo local y federal.
Por lo que, el legislador consideró que la oposición “está diezmada” y la culpó de su propia derrota.
En esa línea celebraron la aprobación de la Reforma Judicial como un “triunfo del pueblo” que, aseguraron, fue informado y consultado desde la fase de campaña por las y los candidatos a la ciudadanía en los distritos electorales del país, respecto al respaldo o no del paquete de 20 reformas que el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó al Congreso el cinco de febrero pasado.
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La Reforma al Poder Judicial figuró dentro de ese paquete presentado también durante la legislatura federal anterior, como el llamado “Plan C”; se han aprobado la mitad de esas propuestas y restan otras 10 por discutir, recordó la diputada federal, Santhy Montemayor.
“Se incorporaron argumentos, hablando de la Cámara de Diputados, de más de 76 personas que participaron en los foros de debate y discusión; se incluyeron seis representantes de Sindicatos, de trabajadores de las judicaturas, 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Seis consejeras y consejeros de la Judicatura federal; 10 personas magistradas de Tribunales de Justicia de diferentes entidades, así como magistradas, magistrados juezas y jueces y representantes de las fuerzas políticas”, enlistó.
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Para recopilar las opiniones se realizaron nueve diálogos nacionales durante julio y agosto de 2024; así como diálogos titulados ‘Reformas Constitucionales con la Justicia’, sin contar otros espacios de discusión en donde se abordó el tema.
En consecuencia, se realizaron más de 100 modificaciones a la propuesta de Reforma original, aseguró, al mencionar algunas de observaciones integradas, como los mecanismos de elección para la participación en la elección de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministros.
La emisión de una convocatoria pública para la integración de un comité de evaluación, integrado por cinco personas con amplia trayectoria en el ámbito jurídico, para analizar cada postulación “con total transparencia”.
O la realización de una insaculación pública para elegir a las y los finalistas, respetando “siempre” la paridad de género en todos los elementos de la elección de las y los operadores de justicia.
Se eliminó –dijo– la restricción que impedía que quienes han sido magistradas o magistrados del Poder Judicial de la Federación pudieran a aspirar a ser ministros de la SCJN o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de nueva creación.
Reiteró que el proceso de estas reformas es gradual, iniciando en 2025, y luego en 2027.
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“Se renovará a las ministras y ministros de la SCJN, magistrados electorales de las Salas Regionales del Tribunal del Poder Judicial de la Federación; los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los magistrados de circuito y jueces de Distrito, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior, eso en 2025.
“El Senado tendrá 30 días para emitir la convocatoria y recibir las postulaciones respecto a jueces y magistrados. Eso será en forma gradual, en 2025 y 2027”, expuso.
Agregó, que los recursos públicos resultantes de extinguir de los mandatos, contratos, fideicomisos del Poder Judicial que no se encuentren en la ley, se concentrarán en la Tesorería de la Federación y destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la implementación de la reforma.
“Esto es muestra de que sí se escuchó a la ciudadanía y que probablemente no votaron por el Plan C, pero la mayoría sí lo hizo y se pudo hacer la modificación”, agregó.
La diputada federal Mildred Ávila reiteró que las reformas al Poder Judicial fueron propiciadas por “los excesos, los privilegios, el nepotismo del Poder Judicial”, así como las dilaciones para resolver asuntos jurídicos relevantes.
“¿Cuánta gente está en la cárcel sin una sentencia? Y después le dicen ‘usted disculpe’. Eso nos dijeron en campaña (…) Si tuviéramos un Poder Judicial que garantice al pueblo de México una justicia gratuita, oportuna, todos estos derechos, no estaríamos en este momento entrampados.
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“Más de siete mil familiares de personas de la élite del Poder Judicial tuvieron un picaporte para entrar a ser parte de eso, cuando hay toda una gama más allá de hablar de Colegios de Abogados, de especialistas, que son importantes, pero hay gente del pueblo, profesionistas, jóvenes egresados de diferentes universidades que también tengan oportunidades de revisar si son idóneos para ocupar esos cargos”, expresó.
Citó datos, aunque no la fuente, que refieren que hay más de 50 mil sentencias sobre temas fiscales y empresariales.
“Y si lo pongo en la mesa, yo diría que una prioridad para el pueblo de México es el agua, la vivienda (…) No se trata de que somos una mayoría aplastante que simplemente llegamos a imponernos. Hay datos y cuestionamientos que la misma ciudadanía nos ha hecho y venimos a plantear”, sostuvo.
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Presentes también, la senadora Anahí González; el diputado federal, Humberto Aldana; las diputadas y diputados locales, Paola Moreno, Lili Miss, Erick Arcila y Alberto Batún, coincidieron en que no comparable la forma en que el PRI operó durante más de 70 años y cómo lo ha hecho Morena en seis.
Anunciaron también que realizaran asambleas informativas en sus Distritos para explicar de qué va la Reforma Judicial, sus alcances e importancia, lo mismo que las otras 11 reformas en marcha.
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