Por defender el nombramiento de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, los 39 diputados de Jalisco están a punto de incurrir en desacato a la orden de un juez de Distrito, y se les podría configurar una responsabilidad penal que echaría por tierra las aspiraciones políticas de muchos de ellos, al dejarlos inhabilitados para competir en las elecciones del próximo año.
El 27 de noviembre de 2015 el pleno del Congreso local designó como magistrado del STJ a Antonio Flores Allende, a pesar de no cumplir con uno de los requisitos legales para ello: tener su título profesional registrado ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco con al menos 10 años de antigüedad.
Según un oficio firmado por el director de Profesiones del Estado de Jalisco, Felipe de Jesús Oceguera Barragán, el hoy magistrado Flores Allende registró su título el 25 de febrero de 2011, es decir, sólo cuatro años y nueve meses antes de ser nombrado por los diputados.
Ante esa situación, los otros dos contendientes, Nicolás Alvarado Ramírez y Óscar Martín Morales Vázquez promovieron un amparo que les fue otorgado el 24 de noviembre de 2016, por lo que el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo requirió al pleno del Congreso volver a evaluar a los candidatos elegibles.
El 7 de diciembre de 2016 los diputados volvieron a elegir a Flores Allende, impulsado por los partidos Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano; sin embargo, el juez consideró que con ello no se cumplía la ejecución del amparo y volvió a solicitar al Congreso de Jalisco su cumplimiento. Así, el 14 de diciembre de 2016 los legisladores volvieron a nombrar a Antonio Flores como magistrado, y de nueva cuenta el juez consideró incumplida la sentencia.
El 18 de enero los diputados insistieron en el nombramiento de Flores Allende y el juez consideró cumplida la sentencia, por lo que uno de los afectados, Nicolás Alvarado, interpuso una inconformidad ante el Quinto Tribunal Colegiado de Materia Administrativa de Tercer Circuito, que el 2 de junio pasado dejó sin efecto la elección y ordenó que se determine quiénes cumplen con los requisitos para ser elegibles antes de que se emitiera la convocatoria.
Con este argumento, el TSJ desechó la justificación de algunos legisladores que defendían el nombramiento de Flores, diciendo que al no tener carrera judicial tenía un sentido más amplio del derecho.
El juez Sexto puso como último plazo para el cumplimiento de la sentencia el 15 de agosto, pero para ganar tiempo los diputados argumentaron que la resolución era confusa y solicitaron una prórroga hasta el 20 de agosto; sin embargo, hasta ayer el juzgado no había notificado de ningún acuerdo.
