La Paz.- Diputados y autoridades se confrontaron ante las reformas presentadas ante el Congreso local para la creación de la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur .
El diputado morenista, Esteban Ojeda Ramírez, presentó la iniciativa ante el Congreso local y subrayó que la entidad es una de las tres del país que no cuenta con una Fiscalía autónoma, a seis años de haberse publicado en el Diario Oficial las reformas federales que obligan a crear este organismo.
Destacó que se requiere un órgano autónomo, con personalidad jurídica y presupuesto propio, para el ejercicio de sus funciones, del cual dependerán también la Fiscalía en materia de Delitos Electorales de Combate a la Corrupción, cuyos fiscales serían electos por el Congreso estatal.
Además planteó que la Legislatura tendrá como límite hasta el 15 de noviembre de este año para armonizar la legislación secundaria y al concluir el año estarían electos los fiscales.
Subrayó que solo BCS, Hidalgo y Tlaxcala no cuentan con una Fiscalía General de Justicia, y refirió que en estas dos últimas entidades ya están las iniciativas locales en revisión.
La diputada Daniela Rubio, del Partido Humanista, y presidenta de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones que arrancará en marzo, calificó como "irresponsable" la propuesta y consideró que obedecía a "compromisos políticos".
A su vez, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, dijo que debe "meditarse, presupuestarse y planificarse. Por "orden y eficiencia corresponde a la siguiente administración definirlo" y consideró un error pretender modificaciones al sistema de justicia, “tras los avances obtenidos contra el crimen", sentenció.
En entrevista, el abogado Arturo Rubio Ruiz, presidente de la asociación civil, Consejo Ciudadano para la Protección de Víctimas del Delito, consideró que si bien desde hace mucho tiempo se requieren reformas para dotar a las procuradurías de autonomía de presupuestaria y de gestión, tampoco debe legislarse al vapor.
Esta legislatura --dijo-- "debió haber iniciado el proceso de reformas hace un año o bien en concretarse incluso desde hace cuatro, en pasadas Legislaturas". Insistió en que se requiere una planeación y transición, al menos de dos años.
Empero manifestó que la reducción de la violencia en BCS no obedeció al sistema de justicia actual, contrario a lo dicho por el gobernador.
"Nuestro sistema de justicia presenta fallas graves en la persecución y castigo de los delitos. La reducción del crimen obedeció a las tareas de prevención y la inversión de recursos federales que se hizo porque nos habían tenido abandonados", expresó.
“Se requiere sí una fiscalía autónoma pero que transite hacia ello, y sobre todo urge una eficaz política criminal”, sentenció.
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