Cuernavaca.- El presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción de Morelos , diputado Arturo Pérez Flores, exigió justicia para quienes lo perdieron todo y castigo contra aquellos que lucraron con el dolor de las familias damnificadas en el sismo de 2017.
“Es inmoral e injusto, por decir lo menos, que no haya siquiera un exservidor público que responda ante las autoridades penales por las múltiples pruebas y testimonios de robo de despensas, desvío de recursos y falta de comprobación de dinero público.
“Estamos hablando de cuando menos mil 200 millones de pesos, recalco cuando menos mil 200 millones de pesos, de observaciones detectadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así como en carpetas integradas ante la Fiscalía Anticorrupción.
“Hoy es momento que con hechos, las autoridades competentes no le apuesten a la impunidad y al olvido. Los morelenses, recuerden, no olvidamos. Morelos está de pie y sigue avanzando”, enfatizó.
En su discurso el legislador eludió mencionar los nombres de Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez y Sergio Arturo Beltrán Toto, excoordinador operativo y excoordinador técnico del programa Unidos por Morelos, aplicado en 2017 y 2018 en la administración del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.
Ayala Gutiérrez es primo y suplente del diputado por Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, actual presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos, y responsable de validar las auditorias e impulsar los procesos administrativos y penales contra los presuntos responsables.
EL UNIVERSAL publicó una entrevista con América López Rodríguez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos, quien afirmó que el reporte final de la auditoría indica que en 2017 Unidos por Morelos obtuvo ingresos por 410.8 millones de pesos y la revisión se orientó hacia los ingresos derivados de las donaciones, el fondo para la reconstrucción, las ampliaciones presupuestales y el Ramo 28.
La segunda revisión consideró el periodo del 1 de enero al 10 de julio de 2018, último año de gestión de Graco Ramírez (2012-2018), y en esa etapa el órgano desconcentrado administró 915 millones 492 mil 403.96 pesos, y la fiscalización se concentró en los ingresos derivados del paquete económico y las adecuaciones y modificaciones presupuestales.
En ambos casos, la ESAF observó que los responsables del órgano desconcentrado no presentaron la información correspondiente al presupuesto de ingresos y egresos, la relación de las donaciones recibidas y del recurso recibido indicando el origen del mismo, y como “consecuencia de la falta de entrega de documentación, de la poca claridad de la información financiera proporcionada y de la inexistencia de estados financieros específicos, existe incertidumbre en la totalidad del recurso recibido por Unidos por Morelos y que fue recepcionado por el banco”.
En ese tenor, la entidad de fiscalización determinó observar la cantidad de 410 millones 84 mil 439.662 pesos, ejercidos en 2017, y 915 millones 492 mil 403.96 pesos, administrados en 2018.
En opinión de López Rodríguez hubo una mala organización en el fondo Unidos por Morelos porque la mayor parte de los recursos administrativos y financieros los manejaba la Secretaría de Gobierno, presididas primero por Matías Quiroz Medina (2017) y luego por Ángel Colín López (2018), luego los distribuía el coordinador administrativo y al final lo repartía el Fondo Unidos por Morelos.
En la sesión legislativa dedicada a personas, organizaciones y gobiernos que acudieron en auxilio de quienes lo perdieron todo en el S19 en Morelos, el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, expuso que la vulnerabilidad de nuestro país hace importante fortalecer el sistema nacional, estatal y municipal de protección civil y tomar conciencia todos sobre la preparación y capacitación permanentes en la materia.
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