.- Este miércoles, el diputado local de Morena, Ernesto González Romo , acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en la Ciudad de México para presentar una denuncia formal en contra de los diputados de la anterior legislatura 2018-2021 por probables actos relacionados con delitos fiscales y de corrupción, a cuyo caso se le ha llamado “estafa legislativa” o “Legislatura papergate”.
En un video, González Romo mostró que estaba afuera de esa institución federal, donde interpuso la denuncia por un desfalcó por más de 200 millones de pesos cometidos por los anteriores diputados y diputadas de la 63 Legislatura, quienes habrían usado a decenas de “empresas fantasma” para blanquear esos recursos.
Dijo que entregó toda la documentación que él obtuvo para pedir que se inicie la investigación y después la UIF solicite su intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se castigue a los diputados que resulten responsables.
Precisó que con esta denuncia demuestra que no se trata de hacer un escándalo político, sino de actuar contra la corrupción por la vía legal, por ello, entregó el listado de lo que denomina “empresas fantasma”, además solicita que se les investigue para comprobar que éstas no tienen ni la capacidad técnica, ni los recursos humanos ni financieros para haber prestado sus servicios y cobrado altos costos que al Poder Legislativo.
La ventilación de estos actos los denunció mediáticamente desde el pasado viernes, lo que generó gran polémica tanto al exterior como al interior del Poder Legislativo, ya que en la presunta estafa estarían implicados diputados de todos los partidos políticos, incluyendo a su partido Morena, así como a personajes que hoy forman parte de funcionarios de primer nivel del gabinete del gobernador David Monreal Ávila.
Ante esta situación, en la sesión de este martes, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la actual 64 Legislatura, emitió un comunicado para informar que “ante las recientes declaraciones del diputado Ernesto González, a través de las cuales acusa a diputados y diputadas de la anterior Legislatura de hechos que podrían ser constitutivos de delitos relacionados con la corrupción”, dicho pronunciamiento “no representa la postura oficial del Poder Legislativo, tras señalar que “son posturas anticipadas que podrían vulnerar el debido proceso.
Este documento que está firmado por todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias (Morena, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, NA y PES), sin embargo, la CRICP también exige a las autoridades correspondientes que los hechos denunciados se investiguen y, en su caso, se sancione a quienes hayan cometido algún delito, sin distinción alguna.
Por elaborar simples exhortos, posicionamientos, discursos, propuestas de iniciativa, puntos de acuerdo y asesorar a los diputados, una decena de empresas y personas físicas llegaron a facturar hasta más de 600 mil pesos por otorgar cada servicio con costo a la 63 Legislatura (2018-2021).
Al menos así se evidencia en centenares de documentos que recientemente, González Romo sacó a la luz pública para exhibir y denunciar que 25 de 30 diputados y diputadas de la pasada 63 Legislatura cometieron “delitos fiscales” y hasta “delincuencia organizada”, pues, según su hipótesis, esto se hizo a través de una red interna que podía implicar complicidades u omisiones de diferentes autoridades del Congreso.
Aseguró que estos documentos los obtuvo directamente de la Legislatura cuando asumió su cargo en septiembre de este año, al conocer que hubo un desfalco de 14 millones en el presupuesto de egresos, por ello, al indagar se dio cuenta que había algo más grave y fue cuando solicitó toda la documentación que le permitió ver los oficios y facturas que usaron todos los diputados para que las empresas les facturaran los servicios de asesoría legislativa, las cuales tienen diferentes domicilios fiscales en Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca , Ciudad de México y Estado de México.
Dentro de esos documentos que el diputado Ernesto González entregó a los medios de comunicación, está una serie de oficios que giraban los diferentes diputados en los que instruyen al Poder Legislativo el pago de cantidades onerosas a las empresas por otorgarles asesoría legislativa, los cuales estaban respaldados por copias de las facturas que emitían esas empresas o personas físicas, donde algunos especificaban los conceptos de qué tipo de asesorías habían brindado, otras simplemente plasmaron la leyenda: “asesoría del mes por elaboración de proyectos legislativos”.
Entre las centenas de documentos, una razón fiscal llamó la atención ya que está a nombre de una persona que también fue trabajador de la anterior Legislatura de nombre Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, ya que así está en las facturas con un RFC que tiene el código postal 52766, perteneciente a Huixquilucan, Estado de México.
Al menos en una búsqueda que efectuó EL UNIVERSAL en el Portal de Transparencia del Poder Legislativo de Zacatecas, en el informe de viajes nacionales del año fiscal 2019, la Dirección de Administración y Finanzas, en su control de recursos financieros y presupuestales, Palestina Flores aparece con un cargo de auxiliar legislativo, en cuyo documento consta que del 19 al 23 de septiembre de ese año, la Legislatura cubrió sus gastos por un monto para que viajara a la Ciudad de México a “entregar la Acción de Inconstitucionalidad que once Diputados y Diputadas promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Por ello, el nombre de esta persona física saltó entre las centenas de facturas y documentos que proporcionó el legislador Ernesto González, ya que en esos documentos, de mayo a agosto de este año, Palestina Flores facturó más de 2.7 millones de pesos por brindar sus servicios externos como persona física a varios diputados como Héctor Menchaca (Morena), Gabriela Pinedo (PT) y Jesús Padilla Estrada (Morena), en esas facturas algunos compartían los mismos conceptos y nombres de iniciativas. Actualmente los tres exdiputados forman parte del Ejecutivo estatal en la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Campo, y en el área de Catastro.
Esta nueva partida denominada Asesorías Legislativas surgió en la pasada legislatura 2018-2021, debido a que la 62 Legislatura (2015-2018), tres meses antes de que terminara su periodo, de manera unánime, aprobó eliminar la partida presupuestal denominada “Herramientas legislativas”, tras reconocer los entonces diputado que durante muchos años fue utilizada de manera discrecional con fines de promoción personal y hasta electoral, ya que era usada para ayudas sociales con un monto mensual era de 200 mil pesos para cada uno de los 30 diputados, equivalente a 72 millones anuales.
Sin embargo, dichos recursos que debieron reintegrarse al presupuesto a partir del 2019, pero todo indica que la 63 Legislatura optó por reetiquetar ese recurso, bajo una nueva partida denominada “Asesorías Legislativas”.
Durante estos últimos tres años, las fracciones parlamentarias estuvieron usando esa partida para que el Poder Legislativo contratara a empresas que les brindara servicios de asesoría legislativa, pese a que el congreso local cuenta con una Unidad de Investigaciones y Estudios Legislativos.
En los centenares de documentos exhibidos por González Romo figura la mayoría de los 30 diputados, hay facturas que en el concepto se plasma que fue por elaborar un exhorto a la Secretaría de Salud para que impulsara una campaña que garantice las áreas de los no fumadores por la cual se pagó 216 mil 651 pesos, en otros este mismo monto fue cada mes, aunque hubo cantidades que se pagaban en una sola exhibición desde 433 mil pesos a más de 600 mil pesos por concepto de investigaciones legislativas.
Al respecto, el morenista Omar Carrera es el único quien ha dado declaraciones al respecto, quien ha desacreditado la información documental exhibida por su correligionario Ernesto González, dijo desconocer cómo obtuvo esa documentación y señaló que se trata de un posicionamiento del legislador que hace a título personal: “lleno de supuestos y fantasías”, tras reprochar que con todo “este circo mediático” solo se ha afectado la presunción de inocencia de todos los señalados y se habría afectado el debido proceso al acusar y exhibir documentación.
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