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Cancún, Q. Roo.- La diputada del Partido de la Revolución Democrática ( PRD ) en Quintana Roo , Iris Mora Vallejo, retiró su propuesta para reformar los artículos 194 BIS y 194 TER del Código Penal local , que ponía en riesgo el ejercicio periodístico al castigar la difusión de “información profesional” o “confidencial”, agravando la pena a ocho años de cárcel por la forma en que esa información es obtenida.
Mediante un video, la legisladora se dirigió a la prensa para señalar que después de escuchar todas las voces y de haber realizado un “análisis profundo” sobre el contexto electoral y político, quería aclarar que nunca pretendió “proteger” una reforma que buscase cancelar o restringir la libertad de expresión, la libre investigación ni el ejercicio “serio, ético y formal” del periodismo.
Argumentó que lo que pretendía era que el espacio privado e íntimo, “constantemente vulnerado y abusado” –la casa, el auto, la oficina privada– fuese protegido, principalmente cuando la información difundida se obtuviera en un espacio de confianza y vulnerabilidad.
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Mora Vallejo insistió en que su propuesta fue sacada de contexto y se tergiversó “dándole una interpretación errónea” e imputándole falsamente una supuesta promoción de censura.
“Nada más alejado de la realidad, porque en lo personal, he defendido siempre el ejercicio de las más puras libertades individuales, entre ellas la libertad de expresión, hecho que en nuestro estado es y debe ser punta de lanza y el mejor tamiz ante el que se pase en ejercicio de la función pública”, expresó.
Desde su punto de vista, su propuesta “no modifica en esencia el tipo penal vigente”, pero admitió que se proponía “una reestructuración de la tipificación del delito”, asunto que, dijo, se analizó y se encontró que “es novedoso”.
Esa “reestructuración”, como la llamó, ponía en riesgo a las y los periodistas, al incluir nuevos elementos al tipo penal.
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En el Código vigente se penaliza con hasta 4 años de cárcel a quien, sin consentimiento o sin autorización judicial, y con el fin de conocer asuntos relacionados con la intimidad personal o familiar, se apodere de documentos u objetos de cualquier clase, reproduzca esos documentos u objetos que contengan información relacionada o escuche, observe o grabe una imagen fija o en movimiento, el sonido o ambos.
La pena se agrava a 5 años a quien revele, transmita o lucre con la intimidad personal o familiar.
Con la reforma, se entiende por violación de la intimidad personal o familiar el divulgar, compartir, distribuir, comercializar, publicar o amenazar con publicar información o comunicaciones “de índole personal, profesional o confidencial, vinculadas con la vida privada de una persona”, que se realicen en su domicilio o en cualquier lugar dentro de un entorno privado o familiar, sin su aprobación o sin su autorización expresa”.
Lo anterior se hubiera castigado, según la propuesta, hasta con 8 años de cárcel si se accede a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietario o poseedor legítimo”.
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Luego de la revisión de la iniciativa, la Red de Periodistas de Quintana Roo, al igual que otros comunicadores, han coincidido en que al margen de si se buscaba o no criminalizar el ejercicio periodístico, la reforma ponía en riesgo la labor periodística , por el alcance de la modificación al tipo penal y debido a la confusa y deficiente redacción de la propuesta, que abría espacios a la interpretación y fomentaba la actuación discrecional de las autoridades, en un contexto de hostigamiento y ataques a la libertad de expresión en el estado.
“Es de puntualizarse que el tipo penal actual, así como lo propuesto por la iniciativa, únicamente se refiere a información que corresponde al ámbito privado de las personas, sin que se pueda entender un alcance mayor, en especial tratándose de servidores públicos, respecto de quienes la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, previenen lo necesario al establecer mecanismos para el seguimiento de la evolución patrimonial de los mismos, así como para prevenir y sancionar todo acto de corrupción”, subrayó.
Sostuvo la legisladora que seguirá defendiendo la esfera privada de todos los quintanarroenses, sin buscar que la libertad de expresión de supedite a nada.
“Por todo ello y enarbolando la bandera de la libertad de expresión , aviso que he realizado los trámites necesarios para que la Iniciativa de Reforma que presenté, sea retirada del estudio ante la Comisión de Justicia”, concluyó.
aosr
