Una propuesta para reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo de manera legal antes de las 12 semanas de gestación fue presentada este viernes ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de San Luis Potosí . La promueven la legisladora local por Morena , Alejandra Valdés Martínez , y la activista Arely Torres Miranda, en colaboración con el Grupo de Información en Reproducción Elegida ( GIRE ).
De acuerdo a la propuesta, que podría aparecer en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de este próximo jueves 21 de marzo , pretende reformar los artículos 148, 149, 150 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y adicionar diversas disposiciones a los artículos 57 y 58 y adicionar los artículos 58 Bis Y 58 Ter de la Ley de Salud del estado de San Luis Potosí ; “con el objetivo de favorecer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través de modificaciones normativas que dejen de criminalizarlas en su decisión de interrumpir el embarazo, así como el establecimiento de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura de éste”.
En la exposición de motivos se señala que con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ) México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, con una tasa de natalidad al año de 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años .
En la incidencia de embarazos, destacan los argumentos como que un factor es la violencia de género ya que según cifras del Sistema para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ( SIPINNA ) el 70% de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, que tuvieron un hijo nacido vivo, reportaron que el padre tenía entre 18 y 78 años.
Informes de IPAS México , menciona que, durante los últimos 16 años se han registrado más de 3 millones 413 mil abortos legales entre mujeres de 10 a 44 años , lo que equivale a 200 mil servicios por año en hospitales o clínicas del IMSS, ISSSTE, institutos nacionales y servicios locales . Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, con base en datos del Consejo Nacional de Población , cifran entre 750 mil y un millón de abortos anuales los que se realizan en la clandestinidad en todo el territorio nacional, lo cual quiere decir que 8 de cada 10 mujeres no tienen acceso a la interrupción legal y segura del embarazo .
Por estas y otras razones las promoventes consideran necesario reformar las leyes locales con el objetivo de ofrecer espacios seguros donde las mujeres puedan llevar a cabo la irrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
A esta iniciativa se sumará la anunciada por el diputado Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” y que presentará formalmente el próximo martes.
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