Cancún, Qroo.- La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) , Mayra San Román Carrillo Medina y dos funcionarios de dicho organismo, fueron citados hoy, para comparecer ante un juez, por los presuntos delitos electorales que les imputa la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), derivados de una denuncia hecha por una consejera electoral, en agosto de 2016.
La audiencia, referente al asunto contenido en la carpeta administrativa 88/ 2018, fue originalmente programada a las 13.35 horas de hoy, en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Cancún, pero una vez que inició, se difirió por orden del juez que ve el caso.
Al recinto, sólo se presentaron Luis Alberto Alcocer Anguiano y Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, dos de los tres funcionarios a quienes se les imputa la probable comisión de delitos electorales por la alteración del listado nominal, cuando el proceso electoral 2016 no estaba aún calificado y concluido, en agosto de 2016.
Mayra San Román se ausentó.
La secretaria de acuerdos comunicó al juez que la indiciada envió un justificante médico para fundamentar su inasistencia por motivos de salud y, para tal efecto, solicitó la reprogramación de la comparecencia.
Los defensores públicos de Alcocer Anguiano y Sauri Manzanilla, solicitaron que la audiencia fuese diferida, lo cual fue refutado por los representantes de la Fepade, quienes expusieron que la ausencia de la imputada no afectaba la comparecencia y pidieron que ésta se dividiera.
Derivado de lo expuesto, el juez determinó que, con independencia de la ausencia de Mayra San Román, la comparecencia podía celebrarse; sin embargo, para salvaguardar el debido proceso y la garantía de defensa de los otros dos indiciados, quienes dijeron desconocer los delitos que les son imputados, y la brevedad para revisar su caso con los defensores públicos, la audiencia se diferiría.
En abril pasado se dictó un acuerdo para citar a los tres funcionarios del IEQROO, con carácter de indiciados, para comparecer ante un juez, por el presunto uso ilícito de listado nominal de electores.
El antecedente de las imputaciones que enfrentan los tres funcionarios, es la denuncia hecha por la consejera del propio instituto, Claudia Carrillo Gasca, ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La consejera manifestó que el 17 de agosto de 2016, presenció la presunta apertura de paquetería electoral, la sustracción de listas nominales, la indebida captura de datos y el inexistente resguardo de la información correspondiente, sin que el proceso electoral de ese año hubiese concluido.
Carrillo Gasca denunció, posteriormente, que fue presuntamente hostigada y prácticamente amenazada por la consejera presidenta y otros consejeros, con la intención de que se desistiera de la denuncia y de hacer público el caso.
Haciendo eco a lo ocurrido, el 29 de agosto de ese año, representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentaron un escrito en contra de Mayra San Román y de los consejeros, Thalía Hernández, Juan Manuel Pérez y Jorge Armando Poot, por la presunta captura y uso indebido del listado nominal, según el expediente UT/ SCG/ PRCE/ Morena/ CG/ 30/ 2016.
