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El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, dictó auto de formal prisión en contra de Alejandro Rocha Laureano , por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de tortura y detención arbitraria, en agravio de la periodista y defensora de los Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro .
Rocha Laureano es uno de los oficiales de la Policía Judicial de Puebla, involucrados en una cadena de mando que presuntamente incurrió en actos de tortura en contra de la también activista.
El servidor público fue detenido en Puebla, el cuatro de diciembre pasado
, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), con base en una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo y trasladado a Cancún para enfrentar los cargos en su contra.
El miércoles, a las 10 horas, se realizó la audiencia correspondiente a la causa penal 26/ 2018 y este viernes, a las 14 horas, le fue dictado en auto de formal prisión, por lo que quedó sujeto a proceso y permanecerá en la cárcel de esta ciudad mientras dure el juicio, al tratarse de un delito grave.
En entrevista con EL UNIVERSAL , la abogada que lleva el caso junto con la organización Artículo 19, Aracely Andrade Tolama, explicó que la captura de Rocha Laureano emana de una de cuatro órdenes de aprehensión que giró el Juzgado Segundo de Distrito, derivado de las imputaciones hechas por la agrupación y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).
Andrade Tolama indicó que las imputaciones involucran a ocho ex servidores públicos e incluso particulares, pero el Juzgado sólo accedió a obsequiar cuatro órdenes de aprehensión en contra de policías judiciales -hoy ministeriales- de Puebla y Quintana Roo.
“Se pidieron ocho órdenes de aprehensión y nada mas se dieron cuatro, puros judiciales, lo cual nos habla de una justicia parcial”, dijo.
Uno de los cuatro policías contra quienes se giró orden de aprehensión, es de Quintana Roo y fue identificado por la litigante, como Miguel Mora Olvera, a quien elementos de la Policía Federal buscaban la semana pasada en Chetumal, cuando -por error- interceptaron la camioneta en la que viajaba la fiscal Especializada en Delitos en contra de la Mujer y por Razones de Género, Guadalupe Reyes Pinzón.
Mora Olvera está desaparecido y aún faltan otras dos órdenes de aprehensión por cumplimentar.
Todo este caso -recordó- surgió luego de la denuncia hecha por Cacho Ribeiro, en contra de los autores intelectuales y materiales de la detención arbitraria y la tortura que sufrió, el 16 de diciembre de 2005.
Aquel viernes decembrino, la escritora de “Los Demonios del Edén”, fue detenida afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer ( CIAM ), que fundó en 2001, y luego llevada vía terrestre de Cancún, Quintana Roo, a Puebla, acusada de difamación y calumnias por el empresario textilero, Kamel Nacif.
La actuación de las autoridades para castigar a las y los responsables, 13 años después, obedece también a la resolución expedida en agosto de 2018 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU) , radicado en Ginebra, Suiza, a la que Cacho Ribeiro y Artículo 19 acudieron el 13 de octubre de 2014, para presentar el caso.
El organismo concluyó que existieron violaciones a los derechos humanos de la periodista, durante ese traslado y emitió lineamientos al gobierno de México, sobre cómo procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables en las violaciones cometidas en agravio de la activista.
El 11 de diciembre de 2014 -dos meses después de presentado el caso ante el Comité de Derechos de la ONU - fue aprehendido el entonces comandante, José Montaño Quiroz, uno de los dos oficiales poblanos que llevaron detenida a Cacho, vía terrestre, de Cancún a Puebla.
Montaño Quiroz fue sentenciado el 17 de octubre de 2017, a cinco años y tres meses de cárcel por el delito de tortura, dentro de la causa penal 50/ 2014; el juez Segundo de Distrito, admitió que la periodista fue torturada y víctima de diversas agresiones psíquicas y físicas, entre las que se cuentan insinuaciones, amenazas y tratos sexuales.
Montaño apeló y combatió la sentencia, pero ésta fue ratificada el ocho de agosto pasado por el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo. El otro policía judicial, Jesús Pérez Vargas, se encuentra prófugo.
