Ciudad de México.— Los habitantes de Cerocahui, Chihuahua, aseguran haber visto recientemente a José Noriel Portillo Gil, El Chueco, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el joven beisbolista Paul y el guía de turistas Pedro Palma, asegura el vicario general de la Diócesis Tarahumara, Héctor Fernando Martínez Espinoza.
“Si ustedes van a la zona, todo mundo dice que lo ha visto, que lo han vuelto a ver ahí. Claro que eso cae como en el imaginario de la gente, que ve moros con tranchetes por todos lados, por la misma sicosis que hay. Dicen que ya lo vieron el 16 de septiembre y que piensan que anda por ahí. El asunto es provocado porque la gente se siente en la indefensión”, afirma el vicario.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Martínez Espinoza explica que la comunidad de esa zona, incluyendo Cerocahui, aún vive con miedo por lo ocurrido el pasado 20 de junio y más aún porque la autoridad militar y estatal es cada vez menos.
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“Ya es simbólico el número de efectivos que siguen en la zona. Siguen cuidando la casa de los padres, las zonas de acceso, siguen haciendo rondines, pero se requiere más.
“La gente de verdad está muy asustada, porque temen que al ausentarse la Guardia Nacional y al irse el Ejército pueda regresar (José Noriel Portillo Gil, El Chueco) con represalias y pueda realizar otra situación de violencia, que no está lejos de hacerse”, considera.
El vicario de la Tarahumara afirma que la preocupación de los grupos religiosos que trabajan ahí va en aumento porque mientras algunos habitantes intentan retomar su vida normal, otros aún no pueden hacerlo por el temor que existe en la zona.
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“La gente sigue con mucho temor. Temen muchas represalias; la gente ha seguido haciendo ya sus fiestas, ha tratado de reorganizar su vida, pero en muchos lugares no porque tienen miedo de reunirse, de tener asambleas, porque no se sienten con la seguridad de tomar acciones que les ayuden a volver a tejer el encuentro social porque están con zozobra”, detalla.
Martínez Espinoza asegura que las organizaciones religiosas han notado que en estos cuatro meses ha bajado la presencia de los grupos criminales, pero temen que cuando las fuerzas federales se retiren se reactive la violencia por el reacomodo de los espacios.
A decir del clérigo, se requiere de una estrategia para evitar que cuando las fuerzas federales se vayan los criminales ocupen sus lugares como antes, como si no hubiera pasado nada. “No es la cuestión de los cuatro meses de los padres, es ¿qué estrategia efectiva tiene tanto la Federación y el estado para ellos hacerse cargo del espacio tan lastimado en vidas humanas y comunitaria?”.
Sabían de su presencia
Luego de que el grupo Guacamaya revelara entre los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que la autoridad militar sabía de la presencia de grupos delictivos en la zona y de El Chueco, el vicario de la Tarahumara reconoce que les indigna y que la masacre de hace cuatro meses se recontextualiza.
“En ese contexto por supuesto nace la sospecha de que así como lo dejaron actuar, pues entonces no hay el compromiso tampoco de capturarlo, más allá de las palabras, dejando la situación así en lo que ha sido la tónica de estos gobiernos, en la impunidad, de indiferencia de la situación misma de las comunidades, de apostar al olvido, de dejar las cosas pasar, que la gente se vaya cansando en sus reclamos, y entonces eso lo vemos nosotros muy peligroso en el Estado de derecho en el que queremos vivir”, cuestiona.
El prelado afirma que la presencia del Ejército en la Tarahumara sí inhibe el crimen y la aclama la gente, pero no ha evitado tragedias que puedan haberse dado, como es la cuestión de la muerte de los padres o de otras personas, así como los desplazados por la inseguridad.
“Lo que nos indigna profundamente es el señalamiento a la diócesis o a la Iglesia de vernos más como un problema que como parte de la solución, negando nuestra ciudadanía comprometida en tareas de paz y vernos más como un problema por las críticas que hacemos a la estrategia de seguridad.
“Si el Estado niega nuestra ciudadanía como tal, nosotros no los negamos a ellos, pero queremos que entiendan que las alternativas de paz que estamos presentando no son una crítica a ellos de manera personal, hacia el Presidente o la gobernadora o a otras instancias como al Ejército, sino decirles que queremos sumarnos a la reconstitución del tejido social con propuestas, no sólo con críticas”.
Trabajo en el tejido social
Con la finalidad de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, la Diócesis de Tarahumara, en conjunto con la Compañía de Jesús, trabaja en una reestructuración del tejido social, tanto para comunidades mestizas como para las rarámuris.
“Estamos implementándolo en el nivel de las comunidades mestizas, como la rarámuri, que tiene que ver con varias estrategias del buen convivir implementadas en parte por la Compañía de Jesús con su asesoría, pero también con los agentes de pastoral de la diócesis en este intento de sanar a la gente, de llevar a la salud social y pública”, detalla.
El sacerdote explica que las acciones que realizan están enfocadas en el acompañamiento a víctimas, a jóvenes con adicciones, a enfrentar el suicidio de menores, lo cual explica que no estaba presente antes en la comunidad rarámuri, ya que anteriormente se le consideraba como una población que era muy resistente, pero ahora se están presentado casos. Redacción
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