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San José, Costa Rica.— El pánico y la muerte impuestas con violencia en una barriada de Honduras por la Mara-18 (M-18) hincan a los parientes de algunos de los hondureños víctimas de la matanza de 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
Asediados por la M-18, están obligados a callar y a jamás referirse al viaje de sus familiares, así como a contar detalles sobre si fueron reclutados por traficantes de personas al servicio de esa pandilla o a aportar pistas que podrían descubrir la verdad de lo que ocurrió hace 10 años.
“Son seis familias de la colonia Planeta que tienen una amenaza directa: si hablan, las matan, y si denuncian, las matan”, reveló la hondureña Rosa Nelly Santos, fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso.
“El terror por lo que ocurrió en San Fernando no ha terminado en la colonia que pertenece a El Progreso. Eso sigue. Para nosotros es como una confabulación entre las pandillas o maras de México y Honduras para silenciar y mantener la impunidad”, aseguró Santos a EL UNIVERSAL.
“No tienen permiso de hablar. No se esclarece si es que desde aquí los vendieron [a los migrantes] para entregarlos allá en México o si se está pagando a la Mara-18 para que obligue a los familiares a que se abstengan de declarar sobre las muertes de sus parientes”, añadió.
La M-18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) son las principales pandillas del área y se disputan el dominio callejero en barrios de Honduras, Guatemala y El Salvador, al involucrarse en actividades criminales.
