Nogales, Sonora.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), entregó a las autoridades sonorenses a un policía intentó internarse a Estados Unidos, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por la supuesta extorsión y probable privación ilegal de un médico, en presunta complicidad con otro agente municipal.
La Fiscalía de Sonora comunicó que dos oficiales de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, fueron dados de baja de la corporación y uno de ellos ya fue detenido por el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos y entregado a las autoridades estatales, acusado del delito de extorsión y probablemente por privación ilegal de la libertad.
Aprovecharse de su cargo como Policía Municipal de Nogales para obtener un beneficio económico por medio de la extorsión, llevó a que Jorge “N.” a pisar las celdas para permanecer en prisión preventiva por la imputación en este delito.
Jorge “N.” junto con su compañero de trabajo Miguel Ángel “N.” y posiblemente otro cómplice, llevaban a cabo extorsiones entre los médicos de la localidad, siguiendo el mismo patrón para obtener beneficios económicos.
Fue el 12 de junio de 2019 cuando un médico general presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, para exponer el delito del que fue víctima.
Señaló que el día anterior, en uno de los consultorios perteneciente a una farmacia de la ciudad donde presta sus servicios, había recibido la visita de un paciente que dijo llamarse: Oscar Humberto “N.” de nacionalidad estadounidense, que acudía a consulta de parte de otro médico, para que lo ayudara con una receta para comprar medicamentos controlados pues padecía de ansiedad.
El médico lo ayudó y le expidió la receta de los medicamentos señalados por el otro galeno, y el paciente se retiró del lugar.
Transcurridos alrededor de cinco minutos dos policías municipales arribaron a la farmacia buscando al médico general, argumentando que por fuera del consultorio encontraron a una persona sospechosa, que portaba entre sus pertenecías una receta de medicamentos controlados expedida por él y que esa acción era un delito federal, por lo que iban a turnar su caso a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que quedaba detenido.
El médico fue trasladado, en la unidad oficial No.1809, a los patios superiores de la Delegación de la Zona Centro, conocida como C4. Durante el recorrido los policías le señalaban que si lo turnaban a la PGR iba a perder su cédula profesional, por lo que ya no iba a poder ejercer, porque lo iban a meter a la cárcel y para poder salir de ahí el monto mínimo de la multa que debería de pagar, sería aproximadamente de cien mil pesos.
Al llegar a la Delegación, los policías le sugirieron pagarles a ellos la cantidad de 50 mil pesos, a cambio de no enviarlo a la PGR; el doctor estaba preocupado, por lo que a través de una llamada telefónica buscó ayuda del propietario de las farmacias donde está el consultorio, le explicó lo ocurrido y le indicó el monto solicitado por los uniformados.
Además, uno de los policías de nombre Jorge “N.” habló con el dueño de las farmacias y le reiteró que para no enviar al médico a la PGR tenía que cubrir el monto de 50 mil pesos, el empresario accedió a apoyar al galeno, y explicó que le depositaría esa cantidad en su tarjeta de nómina.
En cuanto supieron que el dinero había sido transferido, los agentes policiacos trasladaron nuevamente al médico, pero ahora en un automóvil particular hacia un banco para que retirara el dinero, no obstante, esto no fue posible, debido a que, por políticas de la institución bancaria, el dinero depositado debe permanecer al menos 24 horas en la cuenta donde fue almacenado.
Sin el dinero y dados los inconvenientes para recibir la cantidad solicitada, los uniformados trasladaron a la víctima a su consultorio y le indicaron que al siguiente día lo contactarían para recibir el dinero.
El médico se asesoró y se dio cuenta que todo lo que estaba viviendo era una extorsión, y con la certeza de que su ejercicio profesional estaba apegado a la ley, decidió denunciarlos, por lo que procedió a presentar una queja formal ante el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Municipal, en donde proporcionó el número de unidad oficial en el que fue trasladado, ahí le mostraron las fotografías de los agentes y le dieron sus nombres completos, él los reconoció plenamente como quienes intentaron perjudicarlo.
Horas más tarde, el médico se enteró que una colega, había vivido algo similar en cuanto al hecho de extorsión, se puso en contacto con ella y durante la plática se detectó que habían utilizado el mismo modus operandi, por lo que ella procedería también a poner la denuncia.
Con la denuncia presentada ante la FGJE, la Unidad de Investigación realizó las diligencias necesarias, a fin de recabar los suficientes datos de prueba para acreditar la comisión del delito y la probable participación de los señalados en el mismo.
Una vez que se tuvo esta información se solicitó la orden de aprehensión al Juez Oral Penal del Distrito Judicial tres de Nogales, misma que fue emitida el 20 de septiembre de 2019 bajo la causa penal 330/2019, donde Jorge “N.” y Miguel Ángel “N.”, ambos policías municipales, son señalados por su probable participación en el Delito de Extorsión, por dos o más personas armadas, integrantes de una institución policial.
La orden de aprehensión fue ejecutada el domingo 09 de febrero del año en curso por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes fueron informados por autoridades de migración de Estados Unidos, que Jorge “N.” fue detenido al cruzar la frontera hacia Nogales Arizona, al ser detectada su orden de aprehensión vigente por el agente de migración.
El 10 de febrero del presente año se llevó a cabo la audiencia inicial donde se le formuló imputación a Jorge “N.” por el delito de Extorsión, se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva y se estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Además, se continúan con las investigaciones para ubicar al segundo policía participante en este delito.
La FGJE informó que llegará hasta las últimas consecuencias para castigar a quienes, haciendo uso de su cargo o puesto en instituciones de seguridad pública, incurran en delitos contra la ciudadanía.
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