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Tijuana.— Jaime Bonilla Valdez, quien asumió como gobernador de Baja California el primer minuto de este viernes, recibe al segundo estado más mortal de México, con una herencia de sangre que durante el último sexenio panista —en manos de Francisco Vega— alcanzó su máximo histórico que supera los 10 mil 700 asesinatos.
Superando a la anterior administración encabezada por José Guadalupe Ozuna, en la que se cometieron 4 mil 486 homicidios.
Durante el gobierno de Kiko Vega se colocó como la segunda entidad —según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)— con más homicidios por cada 100 mil habitantes del país, con una tasa de 53.33, sólo abajo de Colima, con 63.40; la media nacional es de 17.43.
La capital de la violencia es Tijuana, al sur de California, Estados Unidos, donde cada día se reportan entre cinco y seis víctimas, considera la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE).
La inseguridad llegó al punto en el que la muerte se reparte en maletas y mochilas. La madrugada del 24 de octubre, oficiales de la Policía de Tijuana detuvieron en la zona Centro a un hombre, quien distribuía las partes de un cuerpo cercenado a lo largo de esa colonia.
Esta es la tierra que recibió a Bonilla Valdez en una ceremonia en el edificio del Poder Legislativo en la capital de la entidad, Mexicali, en los primeros minutos del 1 de noviembre, y que finalizará la tarde de este viernes en el Centro Cultural de Tijuana (Cecut) con la toma de protesta a su equipo de trabajo.
Para el nuevo gobernador, bajar los índices de muerte no será el único reto, porque Baja California lidera alguno de los problemas más complejos del país, su ubicación lo sitúa como un territorio dorado para el crimen organizado al ser frontera no sólo del principal consumidor de drogas en el mundo, Estados Unidos, sino también de uno de los estados más ricos —en ese mismo país— y también con problemas de adicción.
El reporte Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2018, que realiza la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reveló que de los nueve puertos fronterizos que operan en la frontera con México, el de San Diego —colindante con Tijuana, Baja California— encabezó en 2017 la incautación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Ese mismo trabajo de la corporación estadounidense advierte la presencia de al menos dos de los cárteles del narcotráfico transnacionales: el de Sinaloa y el Jalisco, que además de cruzar droga por esta frontera, también comercian armas.
Durante los últimos tres años Baja California ocupó el primer lugar del país en aseguramiento de armas, según datos del SESNSP.
Jaime Bonilla Valdez ha mantenido diariamente reuniones con funcionarios federales de seguridad en las oficinas de la Policía Federal 70-76, en Tijuana, desde que ganó la elección en junio de 2019, y cuando termina el encuentro realiza una transmisión en vivo en la que resume los temas tratados.
Durante esos encuentros el exsenador por Morena ha dicho que la seguridad será un asunto prioritario bajo su mandato. Su estrategia, afirma, será la de depurar las corporaciones policiacas, pero también mantener una coordinación entre los tres órdenes de gobierno que permitan no sólo reforzar el cuerpo policial, sino también la procuración de justicia en el estado, donde siete de cada 10 delitos quedan impunes, según estadísticas del Índice Global de Impunidad 2018 (IGI).
