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Pachuca.- El auditor superior del Estado de Hidalgo, Jorge Valverde Islas, dio a conocer que durante las auditorías a la Cuenta Pública 2022 que abarca la administración de Omar Fayad, se tuvieron observaciones por 473 millones 445 mil 277 pesos que deben ser solventados por entidades del sector paraestatal, organismos autónomos, municipios, organismos descentralizados, así como el poder legislativo y judicial.
Al presentar la segunda entrega de la auditoría ante la Comisión Inspectora del Congreso local, el funcionario detalló que en esta ocasión se tuvieron señalamientos tanto al congreso local, al poder legislativo, así como una dependencia del poder ejecutivo.
Precisó que se realizaron 194 auditorías, de las cuales 86 fueron financieras, 86 de cumplimiento y 19 inversiones físicas, así como tres al desempeño. Indicó que las observaciones no necesariamente implican recuperaciones o daños a la hacienda pública, ya que cuentan con un plazo de 20 días hábiles para realizar sus aclaraciones y justificaciones.
Resaltó qué de los más de 473 millones que son los observados se dividen en 5 millones 907 mil 202 pesos a poderes del Estado; 285 millones 956 mil 459 a entidades del sector paraestatal, organismos autónomos, 87 millones 804 mil 725 pesos a municipios, mientras que organismos descentralizados tienen un monto de 93 millones 776 mil 889 pesos.
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Resaltó que entre los entes auditados con mayor señalamiento se encuentra el Congreso local que presenta 5 millones 907 Moo 202 pesos. También está el Instituto Hidalguense de la Educación con 164 millones 451 mil 956 pesos.
En tanto que el Colegio de Bachilleres con 42 millones 635 mil 222 pesos, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico con 23 millones 329 mil pesos, la Comisión de Agua Potable con 20 millones 293 mil 437 pesos el Colegio de Bachilleres del estado con 12 millones 633 mil pesos.
En cuanto a los municipios, Pachuca es el que registró una mayor problemática con 29 millones 667 pesos, seguido por Tizayuca con 13 millones 093 mil 857 pesos, Progreso con 10 millones 713 mil 379 pesos, Mineral de la Reforma con 9 millones 986 mil 811 pesos y Tepeapulco con 7 millones 150 mil 425 pesos.
Entre los principales conceptos observados se encuentran la falta u omisión de documentos que justifiquen la erogación, gastos injustificados, pagos duplicados o improcedente, o en exceso a los límites establecidos, falta o misión de documentación comprobatoria, así como irregularidades en la desincorporación o baja de bienes.
afcl
