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La Universidad Tecnológica de Campeche y el Instituto Tecnológico Superior de Centla, en Tabasco, cometieron irregularidades por 134 millones 579 mil 438 pesos en convenios firmados con dependencias federales, por lo que estos recursos tendrán que ser recuperados y reingresados a la Federación.
En años anteriores, las instituciones presentaron observaciones en el manejo de recursos provenientes de convenios con diversas secretarías y Petróleos Mexicanos, que concluyeron en la llamada Estafa maestra, y de nueva cuenta lo volvieron a hacer.
En el caso de Tabasco, fue al Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSC) al que se le hicieron observaciones por 47 millones 863 mil 438 pesos con 65 centavos, por haber subcontratado a empresas inexistentes.
De acuerdo con la revisión del gasto federalizado de 2017, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el ITSC ese año tuvo dos directores generales: Ramón Antonio Rodríguez Laynes, quien ocupó el cargo hasta septiembre de ese año, y Mario Alberto Juárez Zapata, quien lo suplió. La institución logró la firma de convenios por un monto general de 78 millones 114 mil pesos con cinco centavos, de los cuales subcontrató 72 millones 454 mil pesos, es decir, 92.8%, que es contrario al objetivo por el que se firman estos acuerdos, debido a que se busca ayudar a la comunidad estudiantil y catedráticos.
Con la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el convenio fue por 10 millones 500 mil pesos y con vigencia del 1 de marzo al 29 de septiembre de 2017; otro acuerdo firmado fue con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por 53 millones 931 mil pesos con tres centavos. En el caso de Pemex, el convenio fue por 12 millones 773 mil pesos con 22 centavos, de los cuales las autoridades del instituto subcontrataron 11 millones 119 mil pesos, y con Banobras fue de 910 mil pesos y se subcontrató un monto de 334 mil pesos con nueve centavos.
En todos estos acuerdos, la ASF encontró irregularidades, señalando que el Instituto Tecnológico Superior de Centla no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, entre cuyos aspectos observados destacan que subcontrató 92.8% de los servicios de los cuatro convenios y/o contratos que celebró por un monto de 78 millones 114 mil pesos con cinco centavos.
“Realizó pagos improcedentes por 47 millones 863 mil pesos a diversos proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos convenidos, al no contar con la documentación justificativa y comprobatoria que amparen los pagos a empresas subcontratadas que se presume que no efectuaron los servicios materia de los convenios firmados con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, se señala en el dictamen final, presentado ante la Cámara de Diputados federal.
En el caso de la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam), fueron 86 millones 716 mil pesos lo que obtuvo a través de contratos y/o convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de proyectos, adquisiciones y otros servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En este caso, la ASF concluyó que la UTCam no cumplió con las disposiciones legales al subcontratar 78 millones 484 mil pesos, lo que representó 92% del importe de 85 millones 321 mil pesos, por supuestos servicios prestados en el ejercicio de 2016 a cuatro personas morales, de las cuales no acreditó la realización de ningún servicio para cumplir con el objeto del convenio suscrito con Sedatu, pero pese a eso les pagó con recursos federales.
“En los entregables presentados por la universidad, no se evidencia la participación de las cuatro personas morales en la integración de los mismos, aunado a que un proveedor manifestó que todo el trabajo lo había realizado él con su propio personal. Además, la UTCam no proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación del importe de 6 millones 836 mil pesos por los recursos recibidos en el ejercicio de 2017”, se señala.
En el resolutivo, la ASF señala que los recursos recuperables ascienden a 85 millones 321 mil 255 pesos.
