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El Congreso del Estado retiró el fuero y destituyó a la alcaldesa de Oxchuc , María Gloria Sánchez Gómez, así como a los integrantes del cabildo, a solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGJE), para iniciar una investigación en su contra por hechos violentos en ese municipio indígena de la región Altos de Chiapas, informó el presidente del poder Legislativo, Willy Ochoa Gallegos.
Tras el desafuero, esta tarde en la cabecera municipal la población elegirá en plebiscito a las nuevas autoridades locales, donde se despliega un operativo de resguardo ante cualquier riesgo de violencia; “ la carretera fue liberada, y desde hace 2 días cuerpos de seguridad estatal, con el apoyo de la policía federal y el Ejército se encuentran en la zona, por lo que existen condiciones para el plebiscito”, agregó el legislador.
El Legislativo procedió al “juicio de desafuero” tras considerar que existen elementos legales proporcionados por la Fiscalía, que “dieron lugar para que la alcaldesa y los miembros de su ayuntamiento fueran separados de sus cargos, y que las autoridades realicen las indagatorias conducentes”.
El Congreso del Estado es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, por ello esta tarde se realizará el plebiscito; sin embargo, la averiguación y la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía; “ es una parte de la secrecía, y es seguro que harán lo conducente y lo más apropiado”, precisó el presidente de la LXVI Legislatura.
Reiteraron que el Congreso de Chiapas mantiene su compromiso con la justicia, la equidad, la paz y el desarrollo, por tanto se acatará la decisión del plebiscito; “lo primero que se garantizará es que el concejo municipal sea electo “lo más democráticamente posible , y con respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios que tendrán el acompañamiento institucional.
El pasado 7 de febrero, María Gloria y su cabildo pidieron al gobierno la apertura urgente de una mesa de diálogo con su contraparte encabezada por Oscar Gómez López, para que se realizara en Tuxtla Gutiérrez, con la mediación del arzobispo Fabio Martínez Castilla, a fin de buscar solución al conflicto que se remonta a más de dos años.
El último enfrentamiento fue el 24 de enero pasado , donde murieron tres indígenas y 20 más quedaron heridos , además de viviendas y vehículos destruidos y quemados.
La violencia mantiene sin clases, desde el 8 de enero,
a más de 2 mil 500 estudiantes de niveles de preescolar a educación universitaria de la cabecera municipal.
La población no tiene servicios de recolección de basura y ha operado una caseta de cobro ilegal de cuotas que afecta la tranquilidad y el tránsito de las regiones selva y altos.
cfe
