Cancún.— Ante el traslado de Jean Succar Kuri, del penal de El Altiplano a la cárcel de Cancún, el gobierno de Quintana Roo dotará de medidas de protección y asesoría jurídica a Edith Encalada, una de las víctimas y denunciantes del empresario de origen libanés, quien purga una condena de 112 años de prisión desde el 2011, por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la joven indicó que envió una carta dirigida al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en la que le solicitó protección, al sentir que el retorno de su agresor a Cancún pone en riesgo su integridad.
El miércoles, Isabel Estrada Ramírez, directora de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (CEAVEQROO), contactó con Encalada, quien ayer firmó un documento en el que acepta ser representada legalmente por esa instancia.
Una de las primeras acciones será revisar el estado procesal de las causas penales del orden local que se siguen a Succar Kuri desde hace ocho años, sin que se le haya dictado sentencia, adelantó Encalada.
“Yo desconocía de la existencia de esta área jurídica en el estado; conocía de la federal, que es la que me ha atendido en estos años. Yo presenté un escrito dirigido al gobernador, al secretario de Seguridad Pública [Alberto] Capella y a la Secretaría de Gobierno, en donde pedí que me ayudaran con algunas medidas de seguridad, porque esta persona que es un reo federal se encuentra aquí en la cárcel y por su perfil de victimario y por las amenazas que me ha hecho, temo por mi seguridad”, dijo.
“Es muy preocupante esta situación. Por la seguridad de mi familia hice la solicitud; a raíz de ello, se pusieron en contacto, por parte del gobernador y seré representada por la CEAVEQROO. Acepté su ayuda legal, de defensa jurídica, la cual agradezco y sólo resta saber de las medidas de seguridad que me otorgarán, aún no me lo informan”, expresó.
Succar Kuri retornó a la cárcel de Cancún el 7 de junio pasado, gracias al amparo que le concedió el juez Cuarto de Distrito, Ricardo Ruiz del Hoyo, a fin de que pueda asistir a las audiencias derivadas de las causas penales que le sigue el estado.
“Para mí el juez Cuarto de Distrito fue corrupto, porque nunca me notificó siendo tercera perjudicada, tercera interesada en el proceso; o sea, me dejó en estado de indefensión y no pude presentar un recurso para evitar el traslado”, añadió.
Las medidas solicitadas sólo se centran en Edith Encalada y no en el resto de víctimas del pederasta, que en su caso tendrían que solicitarlas al estado, precisó la entrevistada.