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Desplazados tzotziles retienen a hombres que los amenazaron con pistola en Chiapas

Los desplazados tomaron la caseta de la carretera San Cristóbal-Tuxtla para reclamar condiciones para su retorno; pedían 50 pesos en la caseta y uno de los conductores los amenazó

Foto ilustrativa: Archivo/EL UNIVERSAL
10/11/2020 |20:08Oscar Gutiérrez / Corresponsal |
Óscar Gutiérrez
Corresponsal en ChiapasVer perfil

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Desplazados tzotziles del municipio de Chenalhó que bloqueaban la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, retuvieron a dos hombres —uno de ellos cabo de infantería del Ejército mexicano— que los amenazaron con una pistola cuando les pidieron que pagaran el peaje.

Diego Cadenas Gordillo, representante legal de los desplazados, informó que este martes ocuparon la caseta para exigir al gobierno condiciones para su retorno seguro y garantizado .

Los manifestantes, agregó, cobraban 50 pesos por vehículo para recaudar recursos económicos, pero la policía bloqueó la carretera a la altura del kilómetro 46.

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"Como denunciamos que podría ser parte de una táctica para desalojarlos o por la presión de los transportistas, abrieron el paso", indicó.

Al conductor de uno de los primeros vehículos que trataron de pasar, los inconformes le pidieron los 50 pesos. El hombre sacó una pistola y les dijo: "aquí están sus 50 pesos", narró.

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Ante el hecho, Cadenas Gordillo refirió que los tzotziles le jalaron el arma , "lo retuvieron con su acompañante y los amarraron”.

El copiloto es un cabo de infantería ; el conductor, quien sacó la pistola y es retenido por los desplazados, no porta identificación.

Ésta no es la primera vez que ocurre una situación así. Hace algún tiempo "los compañeros le quitaron los fusiles R-15 a los policías que pasaron cerca del campamento” en , donde viven, recordó.

Diego Cadenas puntualizó que el 16 de mayo de 2016 fueron desplazados 254 tzotziles del ejido Puebla, en Chenalhó, por diferencias políticas con la alcaldesa Rosa Pérez Pérez. En ese contexto fue asesinado Guadalupe Cruz Hernández.

El grupo vive en San Cristóbal, en una casa rentada por el gobierno estatal; 43 familias exigen regresar y 11 más, familiares del difunto, piden que se les reubique.

apr/jcgp

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