Chihuahua.— En la Sierra Tarahumara habitaban miles de personas entre comunidades y municipios, que a lo largo de los años, debido a la violencia y la presencia de cárteles del crimen organizado, se han visto obligadas a dejar sus casas, sus tierras y orígenes para salvar la vida.
La Tarahumara se divide geográficamente en la alta y baja; las poblaciones rarámuris e indígenas habitan de manera dispersa en rancherías y pueblos en los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Balleza, Guachochi, Batopilas, Urique, Guazapares, Moris, Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Nonoava, Carichí, Ocampo, Guerrero y Temósachi.
Continuamente se escucha y observa cómo estas comunidades se quedan sin habitantes, consecuencia de un problema no reconocido aún por el estado: el desplazamiento forzado.
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Aunque hasta el momento no existen datos que puedan contabilizar cuántas personas han sido víctimas de desplazamiento en los últimos años, a nivel nacional Chihuahua ocupa los primeros lugares por esta problemática.
Por ejemplo, el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, creado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señala que tan sólo en 2020 en Chihuahua 933 personas fueron desplazadas de tres localidades en cinco municipios.
El informe detalla que estas personas dejaron sus comunidades debido a la llegada de hombres armados pertenecientes al grupo delincuencial La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.
En el segundo caso, un grupo de más de 693 personas, de 200 familias rarámuris, dejaron sus casas por los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan la zona para controlar el trasiego y la siembra de droga.
Los casos más recientes
Este año, al menos 40 familias de Guadalupe y Calvo abandonaron su lugar de origen y huyeron a la cabecera municipal.
Los ataques entre dos grupos delictivos que pelean la zona llevaron a que habitantes de las comunidades de San Jerónimo, San José del Rincón y Santa Rita se trasladaran hasta la cabecera municipal para pedir ayuda de las autoridades y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Amín Corral Chávez, visitador titular de la zona sur en Chihuahua de la CEDH, relata a EL UNIVERSAL que hace unos días estuvieron atendiendo a las familias que ahora son desplazadas.
“Todas estas comunidades están como a seis o siete horas de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo. Al llegar al municipio y ser atendidos por los visitadores de la CEDH y autoridades como fiscalía, DIF, Ejército contaron que en las zonas [comunidades de donde venían] se había generado desplazamiento forzado por dos grupos del crimen organizado que estaban en conflicto”.
Precisa que, aunque los pobladores nunca fueron amenazados, el miedo a resultar heridos o fallecidos en alguno de los ataques fue lo que los llevó a dejar sus viviendas y pertenencias.
“Nunca fueron objeto de ningún tipo de amenaza, sino que es un daño colateral. Estaban en las comunidades, prácticamente en medio de este conflicto; toman la decisión de huir de sus ranchitos y emigran a la cabecera municipal”, explica el visitador.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) documentó recientemente a un grupo de varias familias que se desplazaron de una comunidad cercana al municipio de Baborigame, inclusive se hicieron acciones de acompañamiento por parte de las organizaciones.
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Siembra de droga y explotación ilegal
En las zonas rurales de Chihuahua la presencia de los grupos criminales es fuerte y no hay autoridad que los detenga.
Un ejemplo son los municipios de Urique, Uruachi, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, donde el desplazamiento es mayor.
“Son municipios que están poblados mayoritariamente de grupos de rarámuris o indígenas de Chihuahua, que tradicionalmente se ocupaban del trabajo del bosque y la siembra en parcelas para la agricultura de su autoconsumo”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL Gabino Gómez Escárcega, responsable del área de familias desaparecidas y desplazadas del Cedehm.
Por años en esas zonas se cultivaron drogas como la amapola; los pobladores eran la mano de obra para el cultivo.
“Con el tema de la atomización de los diversos grupos criminales de los cárteles han surgido pequeños líderes, pequeños capos que controlan esas zonas pequeñas y se han convertido en el terror de esas zonas, en las que, ahora, porque el cultivo de enervantes ha dejado de ser altamente redituable como era antes, les han despojado de sus bienes, de sus propiedades, para despojarlos también de su riqueza forestal”, expone Gómez Escárcega.
Así, no sólo es el desplazamiento forzado el que se vive en estas zonas, sino también la explotación ilegal de pinos, de encinos y la vegetación en general.
“Lo están sacado de manera ilegal los grupos criminales; llegan y se roban todo el ganado, tierras y todo lo que tienen”.
Esta situación ha provocado que a lo largo de los años poblaciones enteras en la sierra de Chihuahua y municipios que la rodean desaparezcan. Hace unas semanas el Cedehm atendió el caso de una familia de una comunidad conocida como Las Trojas, en el municipio de Uruachi.
Esa familia desplazada se encontraba hacinada en una vivienda en Chihuahua con otras 25 personas, por lo que se les brindó ayuda temporal con un hogar y alimentos.
Pocos regresan a sus comunidades
A raíz de que el miedo persiste, muy pocas personas logran regresar a sus comunidades y abundan los pueblos abandonados.
“Pongo el ejemplo de la colonia El Alamillo, en el municipio de Madera, donde cerca de 300 familias huyeron y quedaron menos de 50 en esta colonia, y hace unos días preguntaba a personas de esa región y me decían que seguía abandonada, siguen más familias sin regresar. Se desmantelan las casas y están abandonadas”, señala Gómez Escárcega.
En el Cedehm se acompaña actualmente a familias desplazadas de El Manzano, en el municipio de Uruachi, y de la comunidad Monterde, del municipio de Guazapares. Todos ellos dejaron sus casas entre 2014 y 2015, cuando José Noriel Portillo Gil, El Chueco, tomó el control criminal de la región.
“Y hasta ahorita no hay condiciones de seguridad para que ellos puedan regresar”, asegura el especialista del Cedehm.
No hay cifras reales
Las decenas de familias desplazadas no denuncian, no existe un censo en Chihuahua que las visibilice, por lo cual sólo se ubican pequeños grupos que tienen la fortuna de ser acompañados por alguna asociación como el Cedehm o por algún organismo de la sociedad civil, y así logran tener mejores condiciones de vida en su situación de desplazamiento.
“No se cuenta con datos reales porque el tema del desplazamiento forzado interno es un asunto negado por el estado, o no reconocido, es un asunto invisibilizado, que no hay políticas públicas para su atención, no hay reconocimiento de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua, pero hay una realidad completa que no se puede negar”, destaca Gómez Escárcega.
De acuerdo con especialistas del Cedehm, las personas que son desplazadas de la violencia no son consideradas como víctimas, ya que las legislaciones señalan que para serlo deben haber sido víctimas de un delito.
Ante esto, quienes atraviesan por esta problemática deben interponer una denuncia de carácter penal en la fiscalía por despojo, amenaza, robo u homicidio, y así lograr el reconocimiento como víctimas.
“Cuando esto se les informa a los desplazados, inmediatamente prefieren quedarse así a tener que ir a la fiscalía, porque temen que se den cuenta [los delincuentes] y prefieren quedarse así”, lamenta Gómez Escárcega.
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