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Autoridades de las 37 comunidades que conforman este municipio acordaron, en asamblea general, que los más de 5 mil desplazados no regresen a sus viviendas debido a que no hay condiciones de seguridad.
A pesar del sufrimiento de las familias por la falta de alimento y las enfermedades que presentan como tos, fiebre y cuadros de desnutrición, no retornarán a sus comunidades y pedirán ayuda a organismos no gubernamentales de Derechos Humanos y a la comunidad internacional para que los apoyen con ayuda humanitaria.
De igual forma, exigirán al gobierno de Manuel Velasco Coello que se haga cargo de los daños provocados a las viviendas de los afectados. Responsabilizaron al gobernador y a la edil de las muertes que se han registrado por el desplazamiento interno provocado por las amenazas de los grupos armados.
El cuerpo edilicio, encabezado por el alcalde este municipio, Martín Gómez Pérez, se reunió con 370 representantes de 37 comunidades, en la explanada exterior de la presidencia municipal; ahí acordaron también no aceptar la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) que dejó sin efecto los linderos territoriales de 1976.
Dijeron que seguirán la lucha para defender su territorio por la vía jurídica, por lo que llevarán su caso ante el Tribunal Colegiado Agrario y, si es necesario, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Explicó que durante un recorrido que realizó durante dos días en cuatro campamentos de los desplazados observó que la situación se complica debido a la gran cantidad de niños, adultos mayores enfermos y mujeres embarazadas que siguen sin acceso a la salud y medicamentos, además de la escasez de comida, por lo que el sacerdote pidió el apoyo de ONG para que brinden ayuda humanitaria.