Juchitán.— Una persona asesinada y tres lesionados de bala. Pobladores y funcionarios estatales retenidos más de 48 horas e, incluso, la destrucción de una carretera, el corte de servicios básicos y el aislamiento de mil habitantes de una comunidad pesquera son el saldo que han dejado en el último mes las disputas por 300 mil hectáreas de tierras en el Istmo de Tehuantepec.
El Istmo acumula, al menos, 20 de los más de 300 conflictos que existen entre comunidades vecinas que se disputan este territorio oaxaqueño.
Y aunque muchos de ellos permanecen “dormidos”, no se les puede descuidar, pues en cualquier momento pueden escalar, advierten autoridades de la Junta de Conciliación Agraria.
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Tras el ataque armado que dejó un muerto y cuatro heridos por el conflicto entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, así como la destrucción de la carretera entre Chicapa de Castro y San Dionisio del Mar, el gobierno estatal pidió a sus representantes elevar los niveles de atención.
El secretario de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno estatal, Adrián Ramírez Castro, enfatiza que los conflictos agrarios, muchos de ellos disputados en tribunales, “despiertan” con la cercanía de los procesos electorales e intereses políticos.
Bajo vigilancia
La situación de tensión entre comunidades de Istmo de Oaxaca no es nueva. El gobierno monitorea de forma permanente el conflicto que desde 1972 tienen las poblaciones de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán, aunque el último antecedente de violencia se registró en 2014, cuando el gobierno federal autorizó un proyecto ecoturístico en Cerro Tortuga, que no prosperó.
Ambas poblaciones, ikoots y zapoteca, respectivamente, disputan 29 mil hectáreas de tierras que están en posesión de los ixhuatecos y que los mareños reclaman como parte de la resolución presidencial del gobierno echeverrista; además, dicen que cuentan con títulos primordiales.
Otro conflicto que desde 2000 se agravó es entre los comuneros de San Miguel Chimalapa y los ejidatarios de Santo Domingo Zanatepec, que disputan 13 mil hectáreas. “Nos fuimos a un juicio de revisión y le ganamos a San Miguel”, afirman los zanatepecanos.
Sin embargo, el dirigente de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras Pérez, asegura que esas 13 mil hectáreas forman parte de las 134 que comprende la dotación total de la resolución presidencial de 1967.
Tampoco se pierde de vista el conflicto entre Asunción Tlacolulita con sus vecinos de Magdalena Tequisistlán y San Miguel Ecatepec, que a finales de 2021 provocó el corte del camino hacia la zona chontal alta.
En el caso de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, que disputan 66 mil hectáreas y que provocó un enfrentamiento violento en los primeros días de mayo, con saldo de un muerto y tres heridos, el área política y agraria del gobierno estatal mantiene mesas de diálogo para evitar más violencia.
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Para el conflicto que protagonizan desde hace 10 años Chicapa de Castro y San Dionisio del Mar por la posesión de mil 711 hectáreas, las autoridades mantienen una especie de “marcaje especial”.