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Desde octubre de 2015 se denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) irregularidades en 620 empresas que supuestamente ofertaron bienes y servicios al gobierno priísta de Javier Duarte.
Fue el ex contralor General del Estado Iván López, actual aspirante a dirigir la ASF, quien presentó la denuncia ciudadana, recibida por la Secretaría Técnica el 20 de octubre de 2015, con una lista de las compañías con anomalías que facturaron casi 800 millones de pesos.
Además, los documentos fueron reportados el pasado 28 de noviembre al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Luis Maldonado Venegas, como parte del proceso de designación del nuevo auditor general.
“A la fecha no tengo procesos legales en mi contra ni he sido sentenciado por ninguna de las aclaraciones que me han solicitado tanto la PGR como la Fiscalía del Estado”, defendió el ex contralor su derecho a registrarse y aspirar a la ASF.
El ex funcionario, quien ocupó la Contraloría de diciembre de 2010 a octubre de 2013, aseguró a los legis-ladores que no se encuentra inhabilitado, que no es funcionario y que no pertenece a ningún partido.
Según el documento, en poder de EL UNIVERSAL, el ex contralor notificó a la ASF diversas irregularidades en el gobierno de Duarte, preso por presuntos delitos de crimen organizado y lavado de dinero.
Reportó que el gobierno estatal no había efectuado las retenciones que correspondían al Impuesto Sobre la Renta de sus trabajadores. En otro apartado describió que existían evidencias de adquisiciones y servicios recibidos por el gobierno local en donde los prestadores de servicios no acumularon a sus ingresos el monto de los pagos recibidos.
Con la lista completa de empresas con anomalías, algunas fantasma, denunció, sin tener respuesta de la ASF, que había simulación tributaria, operaciones inexistentes, omisión de ingresos, alteración de precios y servicios, y delitos fiscales.
De acuerdo con la ley, la Contraloría del Estado no tenía la facultad legal para denunciar penalmente anomalías y sólo podía iniciar procedimientos administrativos por el uso incorrecto de recursos.
