LA PAZ, BCS., 16 de junio.- Una investigación al interior del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur confirmó la operación de una red de corrupción, integrada por funcionarios, quienes otorgaron 800 licencias de alcohol apócrifas, generando un quebranto para el ayuntamiento de hasta 120 millones de pesos.
La alcaldesa Milena Quiroga Romero informó que se detectó y se logró desarticular esta red de funcionarios y personas que se hacían pasar por funcionarios, quienes cobraban por el otorgamiento de licencias de alcohol en esta capital, expidiendo documentación apócrifa y cobraban hasta 150 mil pesos por permiso, sin depositarlo en las arcas municipales.
“Utilizaban sellos falsos, cobraban desde 50 a 150 mil pesos por licencia. Fue muy lamentable por que los involucrados eran funcionarios y algunos eran parte de la administración y otros no y se presentaban como parte de la administración”, explicó abordada por medios.
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Añadió que se ubicaron las cuentas bancarias y se pudo dar con los probables responsables, quienes fueron denunciados ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción de BCS, quien da seguimiento y ya logró la vinculación a proceso en contra de tres funcionarios.
Quiroga Romero dijo presumir que este esquema de operación lo habrían mantenido por años, y en su caso comenzó a detectarlo al revisar documentación donde iba su firma de manera apócrifa.
Afirmó que seguirán con acciones para detectar otras probables irregularidades, como parte de una campaña permanente, dijo, y de los compromisos del combate a la corrupción.
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La Fiscalía Estatal Anticorrupción confirmó al finalizar la semana que logró la vinculación a proceso de tres personas, el ex director de Comercio municipal, Omar Orantes, por el presunto delito de cohecho, y dos personas más, por el mismo delito, como parte de los primeros resultados de estas investigaciones. El juez de control otorgó cuatro meses para la ampliación de las investigaciones.
Cabe mencionar que Omar Orantes fue separado de su cargo y a inicios del mes de abril rindió protesta como diputado suplente en la bancada morenista, y negó su participación en estos hechos.
Los diputados locales de Morena defendieron su presunción de inocencia, y el oficial mayor, Adrián Chávez, defendió su toma de protesta al referir que no había una sentencia condenatoria. No obstante, el hecho causó polémica por que ya se conocía al menos de una investigación en su contra.
Días después de la jornada electoral del 2 de junio, los diputados locales que pidieron licencia para contender por la reelección, regresaron a su curul, entre ellos, Eduardo Van Wormer, a quién sustituyó por dos meses el hoy vinculado a proceso.
LL