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Cinco entidades de la República concentran 77% de las víctimas de desaparición forzada que contabiliza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Según el Registro Nacional de Víctimas, hasta el 30 de julio, además de los 2 mil 795 víctimas de desaparición, a nivel nacional, existen otras mil 394, entre directas e indirectas, de desapariciones cometidas por algún servidor público o el Estado; 456 más en comparación con las 938 que se acumulaban hasta 2017. Del total, 768 son hombres y 626 mujeres.
Guerrero encabeza a nivel nacional las entidades donde se reportan más casos, con 500 registros. En segundo lugar se ubica Veracruz, con 278, seguido de Sinaloa con 130; Tamaulipas con 107, y Zacatecas con 61 víctimas. Otros estados con este delito son Coahuila, con 36 registros; Nuevo León, con 27; Jalisco, con 22; CDMX, 24 y Chihuahua, con 27.
Las cifras de la CEAV, que se contabilizan desde 2014, contrastan con las carpetas de investigación abiertas en procuradurías y fiscalías locales, donde no se persigue este delito a pesar de que desde enero entró en vigor la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas y Desapariciones Cometidas por Particulares.
En el caso de Veracruz y Zacatecas, donde sí existen carpetas de investigación, las cifras difieren del registro. Mientras la CEAV ubica a Veracruz como el segundo estado con más víctimas, directas e indirectas, (278), la fiscalía estatal, entre 2010 y 2017 ha abierto 160 indagatorias, 58 de ellas se llevan a nivel federal.
Según un recuento de EL UNIVERSAL, con 50 procesados, Veracruz es la entidad que tiene mayor número de detenidos por este delito, entre ellos se incluye al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; al ex fiscal general, Luis Ángel Bravo, y a una veintena de mandos policiales medios.
En Zacatecas, según los reportes anuales de denuncias presentadas ante el Ministerio Público, desde 2012 hasta el cierre de julio se han presentado ocho casos.
Urgen coordinación. Que tras entrar en vigor la ley general en materia de desaparición las entidades aún no tipifiquen este delito muestra la urgencia de una coordinación entre la Federación y las entidades, considera Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de la CEAV.
Para el comisionado, la atención a las víctimas de desaparición y desaparición forzada debe atenderse a través de una política conjunta, por lo que urge a las entidades y a las autoridades federales competentes a asumir sus responsabilidades.
Lo anterior, dado que con la creación de la ley general se obliga a los estados a indagar dos clases de delitos: la desaparición forzada y la desaparición ejecutada por particulares. A pesar de ello, sólo cuatro estados han reportado la captura de al menos un presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares. Estas entidades son Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Nayarit.
Según Emmanuel Cabrera Rodríguez, titular de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada (UEFD) de Oaxaca, antes de la ley general, todas estas desapariciones quedaban en la impunidad (...), pues el delito no estaba tipificado.
Lo anterior, explica, abrió camino al crimen organizado, que advirtió que era mejor no dejar rastro de las personas que asesinaban, pues no existía castigo para ello.
“Lo que pasaba antes de la ley es que mientras no contáramos con el cuerpo no se podía ni siquiera iniciar una investigación por secuestro, ni por privación ilegal de la libertad, ni tampoco por homicidio; entonces los presuntos responsables quedaban en libertad. Con la ley, todo eso se cubre”. Con información de los corresponsales
