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La votación del Congreso local para derogar el artículo Octavo del decreto 112 y modificar el periodo de la gubernatura de Baja California de dos a 5 años fue cuestionada por especialistas en política que incluso llamaron al Congreso del la Unión a decretar la desaparición de poderes en la entidad.
El coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, Khemvirg Puente, aseguró que el Senado debe considerar la desaparición de poderes en Baja California, luego de que el Congreso local aprobó la ampliación de dos a cinco años el periodo del próximo gobernador Jaime Bonilla (Morena).
De acuerdo con el especialista, la Ley Reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional permite al Senado eliminar los poderes de un estado cuando “se quebranten los principios del régimen federal o cuando cualquiera de los poderes prorroguen su permanencia en sus cargos”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista consideró que el Senado tendría que convocar a un periodo extraordinario para analizar el caso.
En tanto, José Antonio Crespo, articulista de EL UNIVERSAL y especialista en política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que el caso debe ser retomado por instituciones federales por un posible caso de corrupción. “Si ya compraron al Congreso, seguramente ya compraron a los tribunales locales”, alertó.
Sobre si el Senado debería atraer el caso y analizar la eliminación de los poderes en el estado, el experto no se mostró confiado. “Se trata de Morena, si fuera otro partido, a lo mejor sí, pero tratándose de Morena y teniendo ellos la mayoría en el Congreso, no lo van a hacer”, señaló.
En Tijuana, el director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Víctor Espinoza Valle, estimó que la votación del Congreso local tiene una lectura de negociación entre la dirigencia estatal del PAN, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid (PAN) y el mandatario electo Jaime Bonilla Valdez (Morena).
Para el politólogo los beneficiados son el actual gobernador y el siguiente, mientras que Morena sería el más golpeado al perder credibilidad.
Pero mientras la ley es interpretada, organismos empresariales como la Coparmex en Tijuana anunciaron que interpondrán un recurso de amparo para frenar la decisión del Congreso de Baja California, de ampliar el mandato del próximo gobernador.
