El picor en los ojos por el uso de gases, los gritos, golpes y las acusaciones de represión volvieron a las calles de la ciudad de Oaxaca tras varios años sin confrontaciones entre manifestantes y elementos de la policía, luego de que ayer el gobierno estatal decidió desalojar una protesta del Palacio de Gobierno con un operativo de más de 50 elementos de la policía estatal.
Luego de una mañana de reclamos al gobierno de la entidad por parte de pobladores zapotecos de Santiago Xiacuí, quienes exigían la entrega de recursos federales y la destitución del comisionado de Gobierno, una figura nombrada por el gobernador Salomón Jara en municipios indígenas donde, por conflictos internos, no se ha logrado la designación de autoridades, la violencia volvió a la capital oaxaqueña.
Con golpes y gases, los policías desalojaron a los manifestantes, luego de que 150 inconformes tomaron los accesos del recinto y extendieron sus protestas cerrando vialidades principales del Centro Histórico.
Poco antes de las 14:00 horas, el operativo desalojó a los manifestantes para abrir la puerta lateral, lo anterior para permitir la salida de al menos 300 personas que quedaron retenidas.
Según videos y fotografías, los elementos policiales golpearon y patearon a integrantes de la protesta, quienes al grito de “¡Karina Barón, no queremos represión!”, acusaron a la titular del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública de enviar a los uniformados para reprimirlos.
“¡Represión, represión! Mire, señor Presidente, lo que manda a hacer el gobernador”, fueron algunos de los llamados que hicieron los manifestantes.
En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató el uso de gases, así como la presencia de heridos a causa del desalojo. Después de los hechos, en un comunicado, el gobierno de Oaxaca aseguró que se está “abierto al diálogo” con los habitantes de Xiacuí, a fin de “atender de manera justa, legal y transparente sus demandas”.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, se dijo “respetuoso con la comunidad” y acusó que la protesta “obedece a la exigencia de recursos que se encuentran fuera del marco de la ley”. También afirmó que el gobierno estatal “no entregará recursos a grupos políticos o de presión por encima de las asambleas comunitarias y de los preceptos de ley”.
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