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El fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez , lamentó las “desafortunadas” declaraciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo quien afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas varias carpetas de investigación en contra de narco-políticos, que han recibido en apoyo de integrantes de la delincuencia organizada en campañas electorales.
A través de un comunicado, Salazar Núñez señaló que una vez más el mandatario morelense mostró el desconocimiento que tiene sobre la competencia de investigación de dicho organismo autónomo, el cual persigue delitos relacionados con hechos de corrupción y no con delitos de narcotráfico.
El fiscal anticorrupción también rechazó de manera tajante cualquier tipo de “protección” a personajes de la política y lamentó las declaraciones de Blanco Bravo ya que sólo causan confusión en la ciudadanía.
Lo anterior en respuesta a las afirmaciones del gobernador, quien precisó que su antecesor Graco Ramírez no ha pisado la cárcel y se pasea muy tranquilo en restaurantes porque tiene blindaje a través del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara , y del fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez.
Por último, hizo un llamado al gobernador de Morelos para que se informe sobre la competencia de cada uno de los organismos e instituciones para no generar desconcierto y evitar realizar acusaciones infundadas cuyo propósito es evadir los temas que el gobierno del estado debería atender en este momento.
El tema de la penetración de la delincuencia en la política morelense fue expuesta desde el viernes pasado por el comisionado estatal de Seguridad en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, al denunciar que diferentes actores políticos se han reunido con líderes de la delincuencia organizada para que un solo cártel tome el control en Morelos, y así pretender controlar la actividad criminal y simular la paz en la entidad.
Durante su comparecencia ante los diputados locales afirmó que desde 2019 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGE), para que esta instancia determine si hay responsabilidad penal de los servidores públicos que fomentan la delincuencia organizada en la entidad.
El almirante no abundó en este caso porque argumentó que estos registros en la investigación tienen carácter de reservado, sin embargo consideró pertinente hacerlo público ya que la denuncia deriva de la información de inteligencia copiada por el despliegue operativo.
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