Cancún.- El Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) , condenó el hostigamiento y el acoso digital dirigido a las colectivas feministas del estado, al considerar que estos ataques buscan deslegitimar su trabajo y reforzar los estereotipos discriminatorios hacia las mujeres y la protesta, lo cual puede generar condiciones de más violencia hacia las activistas.
El órgano de consulta indicó que, ante la “reprobable represión policiaca” del pasado 9 de noviembre en el Palacio municipal de Cancún , “no podemos dejar de condenar todos los actos que promueven un clima de violencia contra las mujeres”.
Ello incluye aquellas conductas de acoso en redes sociales, así como la exhibición de fotografías sacadas de contexto que “buscan criminalizar las protestas de mujeres y ponerlas en riesgo ante más ataques machistas que pueden poner en peligro su integridad y seguridad”.
“Llamamos a las autoridades y la sociedad en general a recordar que, cuando por siglos a las mujeres se les negó el uso de la voz y del espacio público, fueron las feministas las que cambiaron esa realidad, por lo que el trabajo de las defensoras, sus protestas en las calles y en el espacio digital deben ser respetados, libres de estigmas y de violencia”, exhortó.
El Consejo consultivo detalló que, derivado de la última reunión entre el organismo, con representantes de la Red Feminista Quintanarroense, que promueve la defensa de los derechos humanos, se ha tenido conocimiento de mensajes “prejuiciosos y violentos” que han sido enviados a través de redes sociales, a las integrantes de las colectivas, en torno a la labor que realizan.
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“Estas conductas no pueden ser ignoradas en el contexto mexicano, catalogado como el segundo país más peligroso de la región para las defensoras de derechos humanos, en el cual el 34 por ciento de las agresiones se relacionan con el uso de las tecnologías”, se expuso, citando el Informe la Violencia en Línea Contra las Mujeres en México, 2017.
“Este organismo considera que como defensoras de derechos humanos enfrentan un doble riesgo ante la violencia machista, por ser mujeres y por la desprotección del Estado hacia la labor gratuita que realizan”, subrayó, al recordar que dichas colectivas promueven los derechos de las niñas y mujeres, brindan atención, orientación y acompañan a las víctimas de violencia de género.
Explicó que parte de ese trabajo incluye la denuncia de los delitos y violaciones a derechos humanos que viven las mujeres en Quintana Roo, además de acciones de incidencia en la agenda pública para que las autoridades y personas servidoras públicas rindan cuentas y actúen conforme los principios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Por citar algunos casos, mencionó el trabajo hecho por las colectivas para la elaboración y el impulso para la aprobación de la Ley Olimpia, el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género (AVG) y al señalar el grave riesgo para los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y adolescencia, de aprobarse el PIN Parental.
“Gracias a sus movilizaciones se transmiten las preocupaciones de los grupos que históricamente han sido vulnerados y dejados fuera de la toma de decisiones; las manifestaciones y protestas pacíficas son un mecanismo de participación ciudadana indispensables para la democracia y los derechos humanos.
“Por ello, reprobamos enérgicamente la criminalización de las manifestaciones y la brutal represión del 9 de noviembre”, sostuvo el Consejo, al llamar a la sociedad a rechazar los mensajes de estigmatización y, en cambio, respaldar y respetar la labor que realizan las colectivas.
También conminó a las autoridades correspondientes, en específico las encargadas de atender a personas defensoras de derechos humanos, a que visibilicen y promuevan el respeto hacia esa labor y a que generen “urgentemente” mecanismos y protocolos de actuación para la protección de las activistas.
Estos protocolos deben alentar la denuncia de agresiones, incluídas las cometidas por servidores públicos, además de garantizar la toma de acciones legales ante instancias pertinentes para castigar todos los abusos de las autoridades, añadieron los miembros del Consejo: Marco Antonio Tóh Euán, Alejandro Baeza Ruiz, Israel Canto Viana, Edgar Mora Ucán, Sheena Ucán Yeh, Rafael Barragán Vázquez Y Alma Rosa Soledad Freyre Reinhartd.
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