Durante la manifestación del 5 de junio a las afueras de la Fiscalía de Jalisco para protestar por la muerte de Giovanni López hubo desapariciones forzadas, señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en un informe especial realizado sobre estos hechos y publicado este miércoles.
“Esta defensoría pública documentó serias violaciones a los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, ya que al menos quedó acreditado que 8 menores de edad y 4 mujeres fueron privados de su libertad de manera arbitraria y con lujo de violencia, sumado a las víctimas de desaparición forzada de personas que aún no han sido plenamente determinadas y que forman parte de éstos sectores poblacionales”, indica el documento.
Además, el organismo indicó que durante la manifestación del día 4 en el centro de Guadalajara faltó la aplicación de un protocolo de actuación policial para el control de multitudes y manifestaciones, lo que generó violencia y graves violaciones a derechos humanos.
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“Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad del Estado, de la Fiscalía Estatal y de las demás instituciones policiales participantes evidenciaron que durante su actuación no implementaron un dispositivo estratégico efectivo y con personal suficiente para disuadir de actos violentos al contingente y evitar enfrentamientos y disturbios”, refiere el informe.
Según la investigación de la defensoría fue evidente el uso excesivo e inadecuado de la fuerza al someter a personas presuntas responsables de cometer infracciones o delitos.
Por lo anterior la Comisión insistió en la falta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco para que esta última institución deje de ser dependencia del Ejecutivo del Estado y se trasforme en un organismo constitucional autónomo.
Durante su comparecencia ante los diputados locales, el titular de la CEDHJ insistió en que durante ambas manifestaciones no hubo una estrategia necesaria de contención y esto provocó detenciones ilegales, privación ilegal de la libertad, retención de personas y desaparición forzada.
Por su parte, el coordinador del gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, reconoció que tal vez faltó labor de inteligencia para sospechar que la manifestación del jueves 4 se tornaría violenta y por ello no se reforzó la seguridad en torno al Palacio de Gobierno.
Por su parte, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez reconoció la ilegal actuación de los policías ministeriales que cometieron privaciones ilegales de la libertad el viernes 5 pero insistió en que actuaron por su cuenta, pues la orden específica fue que no se detuviera a nadie.
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