Chilpancingo.— La despenalización del aborto en Guerrero está más cerca que nunca.
Después de tres intentos en ocho años, un dictamen será discutido ante el pleno del Congreso local y las posibilidades son altas de que sea aprobado: se requiere mayoría simple: 24 votos y, según sondeos entre organizaciones y legisladores, los tendrían con la votación a favor de Morena y PRD e, incluso, con algunos del PRI.
Sin embargo, no será tan fácil. La aprobación del dictamen tiene resistencia dentro y fuera del Congreso. Dentro: la Comisión de Justicia, donde se dictaminó la iniciativa de ley, está dividida y confrontada. El presidente de esa comisión, el priista Jesús Parra García, ha intentado tumbar el dictamen. Ha dicho que la sesión donde se aprobó fue ilegal, porque él no la convocó, sino la secretaria de la comisión, la morenista Beatriz Mojica Morgán.
Adentro también está la diputada del PRI, Julieta Fernández Márquez, quien encabeza grupos provida que desde hace semanas han protestado afuera del Congreso contra la iniciativa.
La activista feminista Viridiana Gutiérrez Sotelo explicó que “en Guerrero la despenalización del aborto es un asunto de justicia social, porque son las mujeres quienes sufren los diversos tipos de violencias”.
La resistencia desde afuera la encabeza la Iglesia católica, los cuatro obispos de Guerrero: Leopoldo González González, de la Arquidiócesis de Acapulco; Jesús González Hernández, de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa; Dagoberto Sosa Arriaga, de Tlapa, y Joel Ocampo Gorostieta, de Ciudad Altamirano, quienes han llamado insistentemente a los diputados para que rechacen el dictamen y organizaron ayer una marcha en protesta.
En un mitin en la plaza central de la capital, los manifestantes se refirieron a los diputados locales como “sicarios”, “asesinos”, “traidores”. Otros vincularon la despenalización con la violencia que se vive casi cotidianamente en Guerrero: “Ya no queremos más muertes, ya hay muchos asesinatos en Guerrero”, gritaron.
“Los diputados serán los responsables de que de ahora en adelante se asesine a los niños de Guerrero”, señalaron.
Los más moderados recordaron que en Guerrero ya existe el aborto legal con tres causales: la violación, la mala formación del producto y que continuar con el embarazo implique un riesgo para la mujer, pero consideraron regresiva la propuesta, pues de aprobarse, una mujer que sufrió una violación sexual y que decida aplicarse la interrupción del embarazo, ya no tendrá que solicitar la autorización de un agente del Ministerio Público (MP).
Sin embargo, en muchos hospitales en Guerrero a mujeres y niñas que fueron víctimas de violación se les ha negado el servicio pese a que cuentan con la autorización de un MP.
El 14 de febrero pasado una niña de nueve años llegó junto con una familiar al Hospital General de Chilpancingo Raymundo Abarca Alarcón, para solicitar la interrupción del embarazo. Fue violada. La solicitud la hicieron conforme al artículo 159 del Código Penal, en el nosocomio se negaron, incluso intentaron convencerla para que lo continuara.
El pasado 13 de enero las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez presentaron la iniciativa de ley para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, que consiste en la reforma o derogación al Código Penal del Estado. Uno de los artículos es el 159, que obliga a las mujeres que fueron víctimas de una violación sexual a presentar una denuncia penal y que un MP autorice la interrupción.
Desde 2014, la de hoy es la tercera iniciativa para despenalizar el aborto en Guerrero. La primera fue durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero; la segunda en 2019 por diputados de Morena. En ambos casos no lograron pasar de comisiones.