Morelia.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrieron, por separado, investigaciones en contra del o los responsables de encadenar el pasado martes a 12 habitantes en el municipio de Aquila.
En la localidad de Xayacala, estas personas fueron retenidas y encadenadas a postes de madera durante 24 horas por presuntamente no participar en los bloqueos de la semana pasada en la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo originados por el cierre de una escuela primaria.
La CEDH expresó su indignación y preocupación ante prácticas de castigo como el encadenamiento de personas, lo que vulnera flagrantemente la dignidad humana.
El organismo estatal hizo un llamado urgente para que las autoridades competentes realicen las actuaciones que sean necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las personas que están siendo objeto de este tipo de prácticas.
El ombudsman michoacano, Víctor Manuel Serrato, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General y el ayuntamiento de Aquila aplicar medidas cautelares.
“Ante los nuevos eventos de encadenamiento de personas en Ostula, esta CEDH inició la queja de oficio LAZ/091/2019, por violación al derecho a la integridad y seguridad personal en contra de las autoridades que resulten responsables”.
La CDEH expuso que la información periodística publicada por EL UNIVERSAL los puso en antecedentes sobre la situación e instruyó a su personal para que se mantenga pendiente de los acontecimientos y realice las actuaciones necesarias para brindar atención a estas personas.
En tanto, la FGE informó que inició de oficio una carpeta de investigación por los hechos registrados en la comunidad de Santa María Ostula, además de ordenar una serie de medidas cautelares de protección hacia las víctimas de ese suceso, a pesar de que ya fueron liberadas.