Mérida.- El vicefiscal anticorrupción de Yucatán , Enrique Goff Ailloud , precisó que desde que entró en operación la dependencia que dirige, ningún funcionario de la pasada administración ha sido imputado por algún delito relacionado con la corrupción.
Manifestó que actualmente la vicefiscalía indaga 55 casos de posibles actos de corrupción , sobre los cuales se siguen líneas de investigación, mismos que pueden ser esclarecidos y, si hay pruebas suficientes, se podría ejercer la acción penal.
Empero, reconoció que el atraso en algunos casos es por la negativa de las autoridades federales, sobre todo del Sistema de Administración Tributaria ( SAT ), de proporcionar información fiscal de empresas proveedoras de la pasada y actual administración estatal.
“ Hemos pedido información a las autoridades estatales, las cuales responden en el menor tiempo posible, pero las federales nos la han negado por lo que hemos recurrido a los organismos internos de control para destrabar esta situación. Espero que los funcionarios de esta dependencia recapaciten y colaboren en la lucha contra la corrupción”, sostuvo Goff Ailloud.
Declaró que entre los casos que la vicefiscalía está investigando se encuentran abuso de autoridad, tráfico de influencias, faltantes en la entrega-recepción del Gobierno del Estado y de varios municipios, así como por desvíos de recursos, en los cuales están implicados exfuncionarios estatales y municipales y agentes policiacos .
En relación al tiempo que se tardan las indagatorias, el vicefiscal mencionó que la ley no establece término, “pero puede asegurar que actuamos con toda diligencia, pero insisto en que el avance de las investigaciones depende de la velocidad con la que recibimos la información de las dependencias involucradas”.
En noviembre de 2017, la mayoría de los diputados del Congreso del Estado ratificaron a José Enrique Goff Ailloud como primer vicefiscal del sistema estatal anticorrupción de Yucatán.
En sus primeras declaraciones como vicefiscal, Goff Ailloud declaró que su prioridad sería trabajar en conjunto con la sociedad civil y el sector empresarial y que no le temblaría la mano para perseguir y denunciar cualquier acto de corrupción cometido por cualquier funcionario o persona.
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