Cancún.- El gobierno municipal de Puerto Morelos presentó una batería de denuncias en contra de la exalcaldesa Laura Fernández Piña , actual candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD-CQ, que incluyen a funcionarios de lo que fue su administración, por probable peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia, desempeño irregular de funciones y uso indebido del poder.
Las denuncias han sido interpuestas lo mismo ante las Fiscalías General de la República (FGR) y a las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Corrupción federal y estatal en contra de Fernández Piña; y Ana Luisa Betancourt, quien se desempeñó como encargada de despacho, mientras la alcaldesa hacia campaña para diputada federal.
También contra Eligio Sierra, extesorero; Raymundo Martínez, excontralor; Héctor Alcaraz, exOficial mayor; Josué Arjona, exsubsecretario de asuntos jurídicos; y Antonio Velázquez, exsecretario de Obras y Servicios Públicos.
Fernández Piña gobernó bajo las siglas del Partido Verde (PVEM) desde 2016 hasta 2021 –debido a su reelección en 2018– pero el año pasado contendió y fue electa diputada federal, para luego renunciar a su militancia en enero de 2022 en busca de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD.
Los actos que se le atribuyen a ella y a funcionarios de su administración, se tradujeron en una deuda heredada al nuevo gobierno municipal, subrayó la actual edil, Blanca Merari Tziu Muñoz, quien fue postulada también por el PVEM, luego del asesinato de su marido, Ignacio Sánchez Cordero, en febrero del 2021.
En conferencia de prensa, la alcaldesa cuantificó el golpe económico en más de 503 millones de pesos, por impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , por 89 millones de pesos; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y estatal, por 18 y 39 millones de pesos, por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de pesos en deuda con proveedores particulares.
Además se anexan obras públicas por 33 millones y una nómina inflada del capítulo mil por 246 millones de pesos para este año, por más de mil 200 trabajadores, de los cuales muchos no se presentaban a laborar.
A ese monto se suma otra deuda, a 20 años, por poco más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos –presuntamente irregulares– por la contratación de dos proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), que comprometen al 48 por ciento las participaciones federales que el municipio debe recibir en las próximas dos décadas.
Los más de 503 millones de pesos, más el pago fraccionado de los 832 millones de pesos de las APPs, implican una deuda que rebasa los mil 274 millones de pesos, advirtió Tziu Muñoz, para un municipio cuyo presupuesto tan solo en 2022, es apenas de 493 millones 955 mil 974 pesos.
Acompañada por funcionarios del actual ayuntamiento y de regidoras y regidores del Cabildo, indicó que el tema de las APPs es la situación “más delicada” porque compromete a 20 años las participaciones federales, lo que representa un fuerte golpe económico que afecta a la población y sus servicios.
También porque ella misma, junto con la tesorera, han sido demandadas penalmente por las empresas involucradas, al negarse a pagar las facturas que les han sido presentadas. Las compañías han interpuesto amparos y juicios contencioso-administrativos como medida de presión.
La edil admitió que hay temor por la reacción y molestia que generará lo ahora hecho público; dijo que responsabilizaba a Fernández Piña y a los exfuncionarios denunciados de lo que pudiera pasarle a ella, a su familia o a sus colaboradores y agregó que no dudaba que, “en un acto de desesperación”, la ex munícipe y hoy candidata, atentara contra ella misma, “para victimizarse”.
Las APPs
De acuerdo con el abogado Karim de la Rosa, asesor externo del ayuntamiento para analizar la situación legal del tema, uno de los contratos se firmó con OFN Quintana Roo S.A. de C. V. para el desarrollo integral de eficiencia energética y mejoramiento de la calidad de servicios de alumbrado público, con cobertura total en la zona urbana de la cabecera municipal y en las principales localidades de la demarcación, incluidas las zonas turísticas.
El contrato para el sistema de alumbrado fue firmado el 15 de agosto del 2021, por un monto de 42 millones 950 mil 043 pesos –sin IVA– con garantía de pago el 25 por ciento de las participaciones federales presentes y futuras, a depositarse en un fideicomiso.
El segundo contrato se firmó con Inocaribe S.A. de C.V. con inicio de vigencia el 20 de agosto, para la construcción de una unidad de servicios administrativos, consistente en un centro de atención a la ciudadanía y oficinas administrativas para la prestación de los servicios públicos de la demarcación, es decir, un nuevo Palacio municipal.
El monto fue por 57 millones 983 mil 563 pesos, con afectación de las participaciones federales en un 23 por ciento.
De la Rosa explicó que para el proyecto del alumbrado el ayuntamiento terminará pagando a 20 años, 442 millones 656 mil pesos, y 389 millones 760 mil, por el del Palacio municipal, haciendo un gran total de 832 millones 416 mil pesos.
El abogado dijo que han interpuesto distintos medios de defensa legal y han recurrido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) que, mediante oficio, señaló que los dos contratos de APP “no se encuentran inscritos en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios” lo que significa que ambos instrumentos son legalmente “imperfectos”.
Otra irregularidad detectada es que, pese a que el Congreso de Quintana Roo le autorizó a Laura Fernández la firma de ambos contratos –cuyas obligaciones excedían su mandato– ninguno ha sido inscrito en el registro, que conforme a la Ley de APPs del estado, administra la Comisión de Hacienda de la XVI Legislatura.
Está en vías de promoverse en esta semana, denuncias penales, una por contrato, en contra de Fernández Piña y ex funcionarios probablemente responsables, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), que habrá de investigar la SEIDO.
Y se evalúa que el ayuntamiento promueva un juicio de lesividad para desactivar ambos contratos, anulándolos, así como los actos derivados de ello, como los decretos autorizados por el Congreso y los acuerdos de Cabildo correspondientes.
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