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El Fiscal Anticorrupción de Veracruz , José Alfredo Corona Lizárraga y su Secretario Técnico, René Sosa Augusto, fueron denunciados penalmente acusados de tratar de encubrir a un exfuncionario municipal.
El presidente minicipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la Síndica, Lucero Jazmín Palmeros Barradas, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado .
El fiscal fue señalado por presuntos actos de corrupción al intentar proteger al extesorero de Actopan Pedro Benítez Domínguez, denunciado hace poco más de un año por abuso de autoridad y daño patrimonial en ese municipio veracruzano.
En la oficina de la encargada de la Fiscalía General, Verónica Hernández Giadáns, los ediles pidieron en la denuncia de hechos, que tanto José Alfredo Corona Lizárraga y René Sosa Augusto sean separados temporalmente del cargo.
"En virtud de que se trata de actos de corrupción” y en virtud de que no puede estar supeditado la procuración de justicia a los intereses bajo los cuales se han estado evidenciando los hoy denunciados”, expusieron.
La denuncia en contra del extesorero Pedro Benítez Domínguez —actual tesorero del Ayuntamiento de Tuxpan que preside el panista José Antonio Aguilar Mancha, primo del exdirigente del PAN, José de Jesús Mancha Aguilar— fue interpuesta el pasado 27 noviembre de 2018.
“La citada denuncia quedó radicada en la fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos bajo el número 861/2018”, expresan, por un daño patrimonial superior a los diez millones de pesos .
De esa fecha y hasta este momento, denunciaron que Pedro Benítez Domínguez, con el respaldo del alcalde panista de Tuxpan y el ex dirigente del PAN, Pepe Mancha, han tejido una red de protección en la que están involucrados José Alfredo Corona Lizárraga, René Sosa Augusto, la juez Ludivina García Rosas, el abogado Rodolfo Martínez Valdez, el Fiscal Víctor Luis Priego López y hasta su hermano Javier Enrique Benítez Domínguez, quien se ostentaba como funcionario del ORFIS.
“Es lamentable que servidores públicos perteneciente a una institución como lo es la procuración de justicia, hagan uso del poder que los enviste, para actuar fuera del marco de la ley, y que utilicen ese poder para reprimir cuando se solicita justicia, pero cuando esa justicia no es a fin al interés de ellos mismos, su método de defensa es criminalizando a la propia víctima, como en nuestro caso acontece”, indican.
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