La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Veracruz se ha negado sistemáticamente a obligar a instancias oficiales a acatar juicios laborales millonarios.
La dependencia, encabezada por Guadalupe Argüelles Lozano , ha impedido de manera ilegal el cumplimiento de resoluciones a favor de e xtrabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz , un organismo público descentralizados.
De acuerdo con documentos oficiales y copia de juicios, dicha dependencia ha rechazado pedir al gobernador su autorización para el uso de una partida presupuestal especial para el pago de salarios caídos y prestaciones.
En el caso de los Servicios de Salud, al ser un organismo descentralizado, la ley prohíbe encargarle bienes, pero la Constitución prevé una notificación al mandatario para que autorice recursos extraordinarios.
La Junta Especial número Seis, dependiente de dicha dependencia, ha emitido una docena de resoluciones a favor de extrabajadores de Servicios de Salud de Veracruz.
Una de ellas fue a favor de la extrabajadora Mariel Jaime Beltrán, quien fue despedida de manera ilegal en abril del 2011 y ganó el juicio laboral en abril del 2018.
Las autoridades ordenaron su reinstalación, el pago de salarios caídos y prestaciones laborales, pero ante la negativa de instalarla y pagarle prestaciones, se solicitó el uso de la partida especial contemplada en el presupuesto del presente año.
El presupuesto propuesto por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y aprobado por el Congreso, prevé un apartado por "indemnizaciones" con una partida por mil 844 millones de pesos.
El Artículo Séptimo de la Ley de Bienes del Estado poihibe embargar a organismos descentralizados, como los Servicios de Salud de Veracruz, pero el artículo 49 de la Constitución Política del Estado obliga a la Junta Local de Conciliación enviar un oficio al mandatario para que autorice liberación de recursos extras.
Sin embargo, ante la petición de abogados laboristas, la Secretaría del Trabajo rechaza enviar al mandatario notificación para la liberación de recursos.
Por ejemplo, en el expediente 546/V/2011/VI, la dependencia ha respondido de manera legal que no ha lugar a acordar la petición de enviar un oficio al gobernador para tal fin, con lo cual ha violentado la Constitución.
En iguales circunstancias se encuentran una docena más de casos, entre ellos el 219/V/2011-VI del ex trabajador Julián Pinto de Leon Farcia; el 1080/V/2011-VI de Violeta Cuahutle Márquez; y el 963/VI/2012 de Jenny Ingrid Martínez.
Fuentes consultadas, señalan que en los próximos días serán presentados amparos y quejas ante la Contraloría General del Estado por el incumpliendo de un deber legal de los funcionarios estatales.
afcl