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La tragedia en la mina de Agujita, donde al menos 10 mineros se encuentran atrapados desde hace una semana, evidencia la falta de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) —a pesar de que la minería es una actividad de alto riesgo—, del IMSS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la gran beneficiaria de esta explotación extrema de miles de trabajadores en los llamados pocitos de carbón.
Expertos en derecho laboral y activistas expusieron que desde Pasta de Conchos (2006), donde murieron 65 mineros, nada ha cambiado en el país y prevalece la corrupción en la inspección laboral, lo que permite que se contraten menores de edad, no se dé de alta a los trabajadores ante el IMSS o se hace con salario menor, esto tanto en los llamados pocitos como en las minas artesanales que carecen de estudios hidrogeológicos, salidas de emergencia, equipo de seguridad para los mineros y la maquinaria es antigua.
Manuel Fuentes, experto en derecho laboral y abogado de las familias de Pasta de Conchos, dijo a EL UNIVERSAL que los mineros que trabajan en los pocitos lo hacen sin seguridad social.
“El presidente López Obrador ha dicho que estas minas son clandestinas, pero paradójicamente, el mineral que sale es comprado por la CFE, que no supervisa en qué condiciones están los trabajadores”, expuso.
Destacó que el tema de austeridad en el actual gobierno no ha permitido que se realicen las inspecciones a cientos de minas en Coahuila, y sólo se aparecen cuando ocurre una tragedia.
En el tema del IMSS, dijo que, en el mejor de los casos, se registran trabajadores con un salario mínimo, por lo que, cuando ocurre una tragedia, a las viudas e hijos les corresponden pensiones por 40 o 20 pesos al día.
Omar Ballesteros, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, coincidió en la situación de explotación extrema en los pocitos y en la inacción de autoridades para frenar esta situación.
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