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Cuernavaca, Mor.- La Cámara de Diputados presentó una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de la jueza cuarto de distrito, Erika Nayeli Torres Santiago, porque presuntamente actuó de forma irregular en la sustanciación del juicio amparo que promovió el fiscal general de Morelos , Uriel Carmona Gándara, por el inicio y trámite de desafuero solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el propio congreso.
En su queja, la Cámara de Diputados infiere que la actuación de la jueza, al admitir el juicio de amparo y conceder la suspensión al fiscal para evitar su desafuero, tiene un sesgo anómalo porque su esposo, el litigante Eduardo Giménez de Haro, “guarda relación profesional y de amistad con Uriel Carmona Gándara, por lo que debería existir impedimento jurídico por parte de la citada juzgadora para conocer del juicio de referencia”.
La queja señala, asimismo, que la jueza ha demostrado parcialidad en el juicio porque los recursos de queja y recursos de revisión interpuestos por el Congreso Federal, el Congreso Local, la SEIDO, la FGR y el gobierno de Morelos, no las ha turnado al Tribunal Colegiado.
Esos recursos, dice la Cámara de Diputados en su queja, llevan meses sin ser turnados al colegiado bajo el supuesto de que la jueza pretende conceder tiempo a la defensa del fiscal Uriel Carmona, así como impedir que el Tribunal Colegiado revoque la admisión del amparo.
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El origen de este caso se remite a diciembre de 2020 cuando la FGR inició una investigación de carácter penal en contra de Carmona Gándara y encontró elementos para suponer su responsabilidad en delitos de orden federal, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia y así procesar al servidor público de Morelos .
La solicitud, con número de oficio FGR/SEIDO/UEITA/TU/2092/2020 y fechado el 14 de diciembre, fue confirmada por el coordinador parlamentario de Morena , Ignacio Mier Velazco, y después turnaron el expediente a la sección instructora para proceder.
Posteriormente, en febrero pasado, el fiscal presentó un juicio de amparo que correspondió analizar a la jueza Torres Santiago, quien le concedió la suspensión para evitar su desafuero hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo.
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La sospecha de la Cámara de Diputados respecto a supuestos actos irregulares por parte de la jueza y la presunta influencia de su esposo, el abogado Giménez de Haro, en su decisiones, cobró fuerza porque la juzgadora federal también ha concedido diversos juicios de amparo promovidos por exservidores públicos de la administración perredista anterior, incluyendo al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, lo que se podría interpretar como un claro conflicto de intereses debido a las relaciones profesionales y de amistad entre su cónyuge y los exfuncionarios coludidos.
Algunos de los juicios que se encuentran radicados son el 5/2021 del fiscal Uriel Carmona Gándara, el 1669/2018 correspondiente al fiscal anticorrupción Juan Jesús Salazar Núñez, el 707/2019 también contra el fiscal Carmona Gándara y el 673/2020 donde está involucrado el exgobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
También descubrieron que Giménez de Haro representa a Raúl Israel Hernández Cruz, el actual comisionado de Derechos Humanos de Morelos, quien fungió como director jurídico de la Secretaría de Gobierno en la administración anterior.
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La relación entre el ombudsperson y la jueza quedo demostrada en noviembre de 2019, cuando el comisionado ocupó su cuenta de Facebook para felicitar a Torres Santiago por el éxito obtenido en el primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de Distrito.
"La CDHM celebra este tipo de ejercicios que respetan la paridad de género en el Poder Judicial, lo que sin duda es deseable para su adopción en el Estado de Morelos”, escribió en su momento.
jabf/lsm
