La organización Ciudadanos Observando denunció públicamente haber detectado facturas apócrifas en la comprobación de gastos de informes legislativos de diputados locales, realizados durante el 2017 en el segundo año de su gestión; lo cual supone un monto de un millón 039 mil 161 pesos.
En esta nueva denuncia realizada por la organización, se involucra a al menos 10 diputados locales de distintas fracciones parlamentarias ; en las comprobación de gastos hay facturas para la compra de tamales, revistas, artículos promocionales, lonas, vídeos y banquetes.
La organización civil detectó que los domicilios físicos de las empresas utilizadas en la compra de estos artículos son domicilios particulares o negocios que nunca abrieron al público.
Por ejemplo, en el caso del diputado perredista Sergio Desfassiux Cabello, la empresa Servicios Especiales La Comercial S.A. de C.V, le facturo la cantidad 75 mil pesos por concepto de servicio de impresión de trípticos a color, para su segundo informe. Dicha empresa ha sido señalada por varios medios nacionales por ser inexistente.
A su vez, la diputada priista Esther Angélica Martínez Cárdenas tramitó el pago de una factura por el monto de 74 mil pesos, a nombre de Griselda Díaz Guerrero, de Ciudad Valles, por la supuesta impresión de folletos para su segundo informe legislativo, empresa que también ha sido denunciado por su presunta inexistencia.
Los diputados Jesús Cardona, de Morena, y José Belmárez, del Partido del Trabajo, recurrieron a dos empresas que comparten la misma dirección física para facturar, entre ambos, 300 mil pesos. Supuestamente les fueron impresas cuatro mil 770 revistas y trípticos a cada legislador para difusión de su informe; una de ellas es Comercializadora y Distribuidora del Potosí Lusa S. de R.L. de C.V, con dirección fiscal en Amazonas 150, interior 46 Colonia El Cortijo, S.L.P; y la empresa Office Expres, que también factura en la misma dirección que la anterior; y otro negocio empleado cuenta con dirección en Amapolas Número 200, Colonia Santa Rosa, S.L.P, dirección que corresponde a viviendas particulares.
Por su lado, Graciela Gaitán Díaz, del PRD, habría contratado a un empleado del PAN para facturar parte del dinero aprobado para segundo informe. Se trata de Francisco Javier Acosta Ceja quien le habría proporcionado cinco mil tamales, tal como lo señalan los dos documentos fiscales con un monto total de 74 mil 999 pesos.
Este proveedor fantasma ya había sido detectado por la Auditoria Superior del Estado desde el año 2010 y 2011, cuando se detectaron compras irregulares por el Ayuntamiento de San Luis Potosí por un monto superior a los 345 mil pesos.
Actualmente le ha facturado al Congreso más de 270 mil pesos en supuesto material de construcción.
José Luis Romero Calzada, del PRI, justificó gastos por 130 mil pesos mediante una factura de la empresa Paraná Comercializadora S.A. de C.V, con dirección en calle de Los Vargas Número 342 San Juan de Guadalupe San Luis Potosí, S.L.P; se trata de un local en renta desde hace tiempo según valida el propietario, quien afirma que ahí nunca ha existido ninguna empresa.
Otro de los casos es el del proveedor Joel Robledo Rodríguez, ex suplente del diputado Jaime Yáñez Peredo, ex secretario de Acción Juvenil y actual director de Promoción Política de la Mujer del PAN, que facturó en 2017 la cantidad de 380 mil pesos a diputados de tres partidos políticos de la siguiente forma:
Tres diputados panistas presentaron facturas de esta persona. Héctor Mendizábal tramitó el pago a este supuesto proveedor por 80 mil 127 pesos por materiales para su segundo informe. Jorge Luis Díaz Salinas lo hizo por 75 mil pesos relacionados con servicio de diseño de identidad e imagen, diseños gráficos y producción de videos y recopilación de información de imágenes y videos para Segundo Informe. Y Mariano Niño justificó 75 mil pesos por servicio de diseño de identidad e Imagen para Segundo Informe.
La perredista Graciela Gaitán presentó factura de esta persona por 74 mil 994 pesos por servicio de impresión de trípticos y lonas para Informe; mientras que la priista Rebeca Terán también lo hizo por la idéntica cantidad de 74 mil 994 pesos, en materiales para Segundo informe legislativo.
Guadalupe González Covarrubias, presidente de la organización, indicó que por estas irregularidades detectadas se presentarán las denuncias pertinentes en contra de los legisladores que ya acumulan 19 más por presuntos hechos de corrupción.
afcl
