Cancún, Q. Roo.- Ciudadanos de Cancún presentaron hoy una serie de denuncias ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en esta ciudad, en contra del hotel que la cadena española Riu, edifica en Punta Nizuc, en la Tercera Etapa de la zona turística .
El activista y abogado, Gerardo Solis, y Jesús Cahum, presidente del Comité de Vigilancia y Educación Ambiental, entregaron los escritos a la Presidencia municipal, a la Secretaría General del Ayuntamiento, a la Sindicatura y a regidores, denunciaron que el centro de hospedaje se edifica en un predio en donde se presume que había manglar, además de la expedición, probablemente indebida, de la licencia de construcción a favor de la empresa.
“Estamos denunciando los actos ecocidas que está cometiendo la cadena Riu en Cancún, a través de un hotel que quieren construir, llamado Riviera Cancún. Ellos no están respetando el marco legal vigente en México, como es la NOM 059, la NOM 022, un artículo 60 TER en la Ley de Vida Silvestre, además de un artículo en el Código Penal federal que establece que amerita cárcel quien atente contra el manglar.
“También denunciamos que, lamentablemente, hay una licencia de construcción expedida por funcionarios municipales y estamos seguros de que se cometieron actos de corrupción que deben ser sancionados, porque ese grupo de empresarios españoles, no son empresarios, se volvieron ya delincuentes. La doctrina jurídica internacional italiana, les denomina Ecomafias”, expresó Solís Barreto.
También lee:
Entrevistado, Gerardo Solís cuestionó cuál sería el destino de un ciudadano mexicano que en España, cometiera “un acto ecocida ”, como el que las y los denunciantes le atribuyen a Riu. El abogado se remontó además a la época en que el predio que MX-RIUSA compró a “Residencial Nizuc del Caribe”, en noviembre de 2014, se fusionó indebidamente con una calle.
La fusión ocurrió el 6 de diciembre de 2013, con la autorización del entonces secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Rolando Melo Novelo, quien consideró que la medida no contravenía los lineamientos normativos legales vigentes.
La certificación de medidas y colindancias de ambos inmuebles -el predio y la calle- a favor de “ Residencial Nizuc del Caribe ”, fue autorizada por Heyden Cebada Ramírez, entonces director de Catastro.
El acto -la fusión y la certificación de medidas y colindancias- fue protocolizado el 25 de julio de 2014 por Juan Carlos Fariñana, notario auxiliar, Heyden Cebada Rivas, actual síndico del gobierno de “Mara” Lezama e hijo de Heyden Cebada Ramírez, actual director de Desarrollo Urbano y titular de Catastro en esa época.
En la expedición de la Compatibilidad Urbanística Estatal, donde se autoriza la fusión presuntamente irregular de los inmuebles, estuvo involucrado Mauricio Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi), durante el mandato del gobernador Roberto Borge Angulo.
La Dirección de Desarrollo Urbano expidió una constancia de uso de suelo para el predio resultante de la fusión, con una superficie de 20 mil 929.45 metros cuadrados identificado como 72-03, desconociendo el uso de suelo que como vialidad, tenía uno de los dos predios fusionados, identificado como Anexo 1.
Dicha constancia de uso de suelo, viciada de origen, dio pie a la expedición de las licencias de construcción que el municipio otorgó a Riu.
La firma ibérica edifica, desde el 13 de enero pasado, un hotel de siete niveles y una torre de 16 niveles con 530 habitaciones en total, áreas recreativas, cuatro piscinas, miniclub, dos bares acuáticos, vestidores, toalleros, zona de recepción, restaurantes y servicios, área de albercas y sótanos de estacionamiento, en un predio costero de 63 mil 024.15 metros cuadrados.
El 16 de enero pasado, en entrevista con EL UNIVERSAL, José María Ortega, abogado de MX RIUSA-II -filial del grupo Riu en México- dijo que la construcción del hotel está amparado por la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 18 de diciembre de 2015.
