Guichicovi.— Comunidades indígenas de Oaxaca se enfrentan a un doble mecanismo en el despojo de sus tierras a partir de la ejecución del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), según los testimonios recabados por EL UNIVERSAL.
Uno de esos despojos, revelan, se realiza desde el mismo gobierno federal a través de asambleas comunitarias “amañadas” y la compra de su territorio a precios por metro cuadrado de tierra que apenas les alcanzaría para adquirir un kilo de tortillas; el otro, es orquestado por grupos criminales encabezados, aseguran, por exautoridades agrarias quienes, con violencia, amenazas de muerte y armas de uso exclusivo del Ejército, los despojan de sus tierras.
Lo institucional
Alberto Jiménez García es un comunero mixteca de Santa María Mixtequilla, a quien el Registro Agrario Nacional (RAN) le reconoce la propiedad de 10 hectáreas de tierra que se encuentran dentro de la zona en el que se construirá el parque industrial más grande de los que se establecerán en la región del Istmo como parte del CIIT.
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Durante la expropiación de tierras por el gobierno federal, únicamente le pagaron dos hectáreas y media. Pese al reconocimiento de las autoridades agrarias, diálogo con las autoridades de su comunidad y los escritos dirigidos al Presidente, no ha encontrado justicia frente al despojo de 6.5 hectáreas del que es víctima.
Como Alberto Jiménez, otros 18 comuneros son víctimas de este tipo de despojo, en el que sólo les pagaron una parte de la totalidad de sus tierras. Pero no es la única denuncia que realizan. El gobierno federal compró cada hectárea a 260 mil pesos, es decir a 26 pesos el metro cuadrado. “Lo mismo que cuesta un kilo de tortillas”, afirma un grupo de comuneros de Santa María Mixtequilla.
En esta población del Istmo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador expropió bajo la autorización de la asamblea comunal y del pueblo en general de Mixtequilla, 502 hectáreas de sus tierras para la construcción de uno de sus parques industriales. De esas tierras, 132 hectáreas eran parcelarias, es decir estaban dedicadas a la siembra, y 370 hectáreas eran de uso común.
Ricardo Vargas Ruiz, comunero de Santa María Mixtequilla, explica que el gobierno federal pagó en total 132 millones de pesos. De ese recurso, una parte se pagaría a los comuneros propietarios de las tierras parceladas a un costo de 260 mil pesos por hectárea; el resto del dinero se pagaría a las autoridades agrarias por las tierras de uso común.
Esto, finalmente, también causó división en la población. Para la mayoría de los habitantes de la comunidad, que no son comuneros, también deben participar de las utilidades de la venta de esas tierras de uso común. En particular, reclaman un derecho a partir en las decisiones sobre la manera en que se ejercerán esos recursos en la comunidad.
Sin embargo, las autoridades agrarias se han negado a ello. Esto provocó que, desde hace más de tres meses, las oficinas comunales de Santa María Mixtequilla estén tomadas por un grupo de ciudadanos y comuneros de la población.
Asambleas “amañadas”
En Puente Madera, San Blas Atempa, se ejerció otra forma de despojo institucional, de acuerdo con el activista y agente comunitario David Hernández.
El 13 de marzo de 2021, relata, se realizó una asamblea comunitaria en el palacio municipal de San Blas Atempa para aprobar o no la instalación de un parque industrial en tierras de uso común conocidas como El Pitayal. En ese entonces, la asamblea fue convocada por el expresidente municipal y actual secretario de Administración del gobierno de Oaxaca, Antonino Morales.
Pero al llegar a la asamblea, asegura David Hernández, se dan cuenta que en el salón había personas “acarreadas” y otras que “debían favores” al edil de San Blas Atempa. Esto lo corroboraron posteriormente cuando solicitaron al Tribunal Agrario copia de la lista de asistencia y el acta de asamblea, en la que, además, encontraron que había firmas de comuneros que ya habían fallecido.
“En la asamblea hicimos uso de la voz para mostrar una inconformidad, para mostrar que dentro del salón municipal no eran los comuneros los que se encontraban presentes, eran puras personas acarreadas que les deben favores a él y nos cedieron el micrófono para hacer ese señalamiento, pero ellos, en respuesta, nos empezaron a insultar, nos agredieron y nos retiramos del lugar. Al día siguiente, nos enteramos por los medios y las redes que San Blas Atempa había aprobado el primer parque industrial del CIIT”.
Por la vía legal, la comunidad de Puente Madera ha logrado un amparo para suspender la instalación del parque industrial en la zona conocida como Pitayal; sin embargo, aún sigue el litigio.
Además, han realizado bloqueos a la carretera transístmica para manifestar su rechazo a las obras relacionadas con el CIIT; una de ellas terminó con la quema de vehículos.
Esto trajo como consecuencia que se libraran 18 órdenes de aprehensión en contra de los habitantes de Puente Madera por los delitos de ataques a las vías de comunicación y daños por incendio; entre ellas, contra dos mujeres adultas mayores que no se encontraban participando en las protestas: Josefina Reyes Ruiz de 68 años y Silvia Reyes Osorio, de 55 años.
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Con violencia
El 12 de marzo de 2020, los hermanos Anastasio, conocido como Tacho Canasta, y Sergio Gutiérrez García, junto con un grupo de hombres armados, arribaron al hogar de Norma Angélica Miranda Reyna de 58 años de edad, ubicado en la comunidad del municipio de Santo Domingo Tehuantepec. Ahí, sin ningún argumento, le dijeron que sus tierras no le pertenecían y sacaron por la fuerza a ella y a su esposo.
Inmediatamente rociaron gasolina sobre su casa y le prendieron fuego, destruyeron sus galeras elaboradas con palos, madera y lámina, y se robaron sus más de 40 gallinas, 50 borregos y 33 toros y vacas. De esta manera la despojaron de 33 hectáreas ubicadas a menos de 100 metros de la carretera transístmica.
“Son puro delincuente con machete, con armas, echaron balazo, y ahora dice, que si vamos, nos van a quemar vivos, ¿qué hicimos? Salimos con mi esposo y con mi familia. Dicen que no es mi terreno, que no soy dueña de ahí, cómo no voy a ser dueña si yo tengo mis papeles, tengo mi constancia y tengo el predial, estoy pagando predial cada año. Y dicen que no es mío, vaciaron gasolina donde estábamos, qué hicimos, corrimos, dejé mi ganado ahí, dejé mis chivos, dejé todo ahí, el material de mi esposo, todo ahí lo dejamos”, relata.
Hace un año, las propiedades de Juan Ventura también fueron despojadas por Tacho Canasta y su hermano. “Me dijeron que me fuera o me iban a hacer picadillo, que me iban a asesinar. Hemos sido muy pacientes, demasiado pacientes con la actitud del gobierno, porque lo más preciado es la vida. No nos vamos a ir a confrontar con ellos, para eso están las instituciones”.
Tanto Juan Ventura como Norma Miranda han presentado denuncias contra los hermanos Gutiérrez García, pero siguen sin encontrar justicia y recuperar sus tierras.
Ellioth Escobar Gómez, coordinador estatal de la corriente Sol Rojo, afirma que estos hermanos encabezan un grupo criminal dedicados al despojo de tierras, y que sus acciones se han incrementado desde la ejecución del proyecto del CIIT. Hasta ahora, dicen, estiman que las tierras despojadas van entre 400 y 500 hectáreas.
Pero en esta comunidad también se han registrado atentados y asesinatos contra los defensores del territorio. En el marco del conflicto por la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de Tagolaba, y las denuncias por despojos, fue asesinado el activista Jesús Manuel García Martínez en un ataque directo afuera de su casa el 27 de octubre de 2022.