El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres capítulo Jalisco y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio consideraron que el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, violentó el debido proceso y obstaculizó el derecho a la justicia de Luz Raquel Padilla y su hijo menor al presentar públicamente supuesta evidencia que sugiere que fue ella quien pintó en las paredes de su edificio las amenazas que denunció en rede sociales y se prendió fuego así misma.
En su opinión, los datos presentados por la Fiscalía del estado no se desprenden de una investigación científica de lo ocurrido a Luz Raquel, demostrando con ello la falta de un marco de respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en la investigación y el manejo de caso.
“Denunciamos que la línea del tiempo de la investigación presentada por la Fiscalía está enfocada en desacreditar, criminalizar y revictimizar a Luz Raquel Padilla y a su familia al exponer y difundir videos de los que no se tiene conocimiento de ser fidedignos y no alterados, violando así el debido proceso de la víctima y afectando gravemente la imparcialidad en la investigación”, señalaron las organizaciones.
Sostuvieron que se criminalizó a Luz Raquel al desacreditar el crimen de odio que culminó en su feminicidio y al presentar supuesta evidencia que la señala como su propia agresora; además, criticaron que el fiscal se refiriera al caso como la investigación de “la muerte de una mujer” y no como la investigación de un feminicidio, pues con ello se invisibilizan los ataques de odio y el aumento de violencia contra las mujeres.
Señalaron que con esto la Fiscalía “condona la violencia contra las mujeres y envía un mensaje de impunidad que deja la puerta abierta a más agresores para seguir perpetuando conductas violentas contra las mujeres”.
Indicaron que la premisa “la culpa la tienen ellas” es un patrón que se repite en diversas fiscalías del país y, cuando menos en Jalisco, parece que es más fácil desacreditar el delito y revictimizar a la víctima y a sus familias que esforzarse por hacer una investigación que llegue al enjuiciamiento del imputado.
Las organizaciones exigieron al gobierno del estado que se investigue y sancione la filtración a medios de comunicación de los videos con los que comenzó la narrativa de criminalización y revictimización de Luz Raquel; que se realice una investigación en la que se respete el debido proceso y se apegue a criterios científicos para esclarecer el feminicidio, se castigue a los culpables y se repare el daño.
Además pidieron que se emitan medidas de protección tanto para la familia de Luz Raquel como para la del presunto culpable, pues ésta última ha recibido amenazas de muerte y mensajes de odio y se debe evitar otra tragedia.
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