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Pachuca.— Pobladores de la comunidad de El Refugio en el municipio de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, denunciaron que la empresa cementera Fortaleza reincidió la quema de llantas para el proceso productivo de cemento, pese a tener clausurado su depósito.
René Escamilla, representante de la organización ambientalista Amando la Naturaleza, e integrante de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), recordó que en febrero pasado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) clausuró un depósito de llantas que eran quemadas por la cementera junto con coque, parar realizar sus procesos productivos.
La clausura procedió ya que el centro de acopio no contaba con estudio de impacto y licencia ambiental y, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley para la Protección al Ambiente del estado de Hidalgo, quien realice el acopio o almacenamiento de este tipo de material deberá contar con autorización en materia de impacto ambiental.
Sin embargo, la empresa incumplió este mandato. Los denunciantes aseguran que por la noche llevan a cabo la quema de llantas, por lo que han hecho del conocimiento de la dependencia que se ha incumplido con la disposición de clausura en detrimento de la salud de los más de 3 mil habitantes que tiene la comunidad.
De acuerdo con Escamilla, las afectaciones en la salud se manifiestan en problemas los riñones, enfermedades de la piel y las vías respiratorias, y hasta cáncer.
Explicó que cuentan con un censo de 90 personas afectadas por lo que se ha pedido ayuda a la Secretaría de Salud para que inicie estudios médicos a la población.
Señaló que la dependencia ha respondido de manera afirmativa; sin embargo, aún no terminan de integrar censo que esperan presentar en estos días para que comiencen con la investigación y se determine si la contaminación es la causa de que se desarrollen este tipo de enfermedades entre la población.
También están en espera de nuevas sanciones para la cementera.
Las comunidades del municipio de Atotonilco de Tula, ubicado en la zona sur del estado, cercano a Tula, han acusado en diversas ocasiones el daño ambiental que sufren por parte de las empresas cementeras; sin embargo, no hay aún ni estudios médicos ni programas que regulen la industria.