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Chilpancingo.— Exservidores de la Nación denunciaron que están siendo amenazados por la delegada regional, Paula Miranda Silva, así como por personal de la Secretaría de Bienestar, para que firmen un contrato, pese a que en febrero fueron despedidos de manera injustificada.
Los exencuestadores están recibiendo llamadas telefónicas en las que les dicen que si no firman el contrato los van a boletinar para que no puedan trabajar en ningún gobierno.
Los exservidores de la Nación, Reyna Bartolo, Víctor Alberto Castro, Esther Bartolo y Adilene Ontiveros denunciaron que en febrero pasado la delegada regional en Chilapa, Paula Miranda, les informó que estaban despedidos; sin embargo, no les explicó el motivo, sólo les dijo que por un error de ortografía que supuestamente cometieron, el sistema las dio de baja en automático.
Esa vez la delegada no les informó sobre el pago que les habían prometido que les darían cuando Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como presidente de la República.
Junto con ellos cuatro, otros dos servidores de la Nación fueron despedidos: uno aceptó firmar el contrato y el otro, por temor, no ha denunciado.
Los seis fueron contratados en octubre del año pasado por el Fidecomiso Transición 2018 y por el partido Morena. En esa ocasión les dijeron que les darían apoyos de 3 mil 400 pesos y que en enero serían contratados y ganarían más de 9 mil.
De octubre a enero sólo recibieron dos apoyos por 3 mil 400 pesos que, dijeron, no les alcanzaron ni para los gasto del censo casa por casa.
Sin embargo, desde hace unos días, explicaron, recibieron un depósito por el pago de los meses de enero y febrero pero sin que nadie les avisara.
Desde entonces, la delegada y personal de la Secretaría de Bienestar les han estado llamando para que firmen el contrato sin que vayan a ser colocados en un puesto de trabajo.
Las amedrentaciones. En las llamadas los amenazan con que si no firman, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los auditará, que los van a boletinar para que no puedan trabajar en ningún gobierno municipal, estatal ni federal e, incluso, que los podrán denunciar.
“Nos dicen que estamos obligados a firmar porque fuimos servidores públicos, pero nosotros les decimos que cómo podemos serlo si nunca nos contrataron”, explicaron.
Los extrabajadores mostraron un audio en el que la delegada Paula Miranda reconoce que ella fue la que solicitó su baja sin ninguna razón.
Denunciaron que su despido se debió a que los seis no forman parte del grupo político de la delegada regional ni del superdelegado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros.
Los cuatro extrabajadores informaron que presentaron una denuncia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por considerar que su despido fue injustificado.
El abogado de los extrabajadores, Jaime Alvarado, dijo que violaron sus derechos laborales y por las “sustituciones patronales en perjuicio de los trabajadores, tal como se hacía con el anterior gobierno federal. Utilizan papelería oficial de la Secretaría de Bienestar, que en enero de 2018 no existía legalmente”.
