Oaxaca.— Promotores comunitarios denunciaron que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) canceló varios de sus programas federales para realizar una “reserva” en su presupuesto público con el fin de atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El INPI, en respuesta, aseguró que los programas están en “una fase de apoyo”.
La medida, denunciaron los inconformes a EL UNIVERSAL, deja en la incertidumbre a trabajadores de esta dependencia, en particular a más de 470 promotores culturales que perciben un apoyo de 10 mil pesos mensuales.
De acuerdo con la denuncia, los promotores culturales recibieron una notificación de la institución a cargo de Adelfo Regino Montes, en la que se detalla que se suspende este programa por la contingencia y se les pagará por última ocasión el mes de abril de 2020.
Según la denuncia, se cancelaron los programas de Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Proeci) y el de Validación del Programa de Derechos Indígenas.
Al respecto, el INPI afirmó que los programas “se encuentran en una fase de apoyo para enfrentar la emergencia sanitaria”.
De los esquemas detenidos, el Proeci, según sus lineamientos de operación, “busca detonar la integración regional como un proceso multidimensional, cuyas acciones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración territorial, y su alcance abarca no sólo las temáticas económicas y comerciales, sino también las políticas sociales, culturales y ambientales”.
Dentro de este programa se encuentra la Promotoría Comunitaria. Los promotores comunitarios, según el documento de la Coordinación General de Fomento a la Economía Indígena del INPI, es un apoyo que se entrega a hombres y mujeres capacitados en estrategias integrales de desarrollo regional.
Su función es poner en práctica sus conocimientos y habilidades para el acompañamiento integral de Proyectos Económicos con Impacto Comunitario, Proyectos Comunitarios de Turismo de Naturaleza, Acciones para la Mitigación y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático y Acciones de Comercialización.
Los promotores comunitarios también denunciaron que las autoridades del INPI los hacen firmar un formato de recibo por los 10 mil pesos mensuales en el que declaran que su actividad es completamente voluntaria y no tienen ninguna relación con el instituto. Esto, dijeron, agrava su incertidumbre laboral frente a esta emergencia sanitaria. “Algunos tenemos que atender a comunidades que están a horas de distancia de donde se ubican los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas (CCPI). De lo que nos pagan debemos desembolsar para nuestros viáticos y con el resto mantener a nuestras familias”, explicaron.
El formato de recibo simple de pago refiere: “Recibí del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo para la realización voluntaria de actividades de promotoría comunitaria y acompañamiento integral, en el marco del Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas”. Sin embargo, en los lineamientos del programa, de acuerdo con la Coordinación General de Fomento a la Economía Indígena del INPI, se establece que este apoyo “en ningún caso generará relación laboral alguna con el instituto”.
Maritza Licona, titular del área de Comunicación Social del INPI, respondió a EL UNIVERSAL que no se ha despedido a personal de la institución. Y explicó que los promotores comunitarios pertenecen a comunidades indígenas y afromexicanas que reciben un apoyo de subsidio con base en las reglas de operación de cada uno de los programas, para dar acompañamiento a la cartera de proyectos tanto en los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas como en las oficinas de representación. Los apoyos, apuntó, están sujetos a disponibilidad presupuestal.
Finalmente, precisó que en este momento los programas del INPI se encuentran en “una fase de apoyo” a la estrategia de austeridad y de salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
El instituto, aseguró, sí está contribuyendo con ahorros en materia de gastos corrientes, siguiendo los principios de la austeridad republicana.
