Un magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al consejero de la Judicatura y consejero jurídico del gobierno de esa entidad, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, por pretender removerlo de su cargo a través de una serie de reformas a la Constitución local.
“(...) Aguilar Sierra en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, firmó una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución local que, entre otras cosas, tiene la finalidad de destituirme en el cargo de magistrado en la Sala Administrativa”, cita la denuncia que fue interpuesta ayer ante la FGR.
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, también fue abogado del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, cuando fue acusado por Emilio Lozoya de recibir supuestos sobornos en la reforma energética.
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En el documento presentado ante la FGR se señala que aun cuando el denunciante cuenta con un amparo para no ser removido de su cargo, Aguilar Sierra ha hecho caso omiso de lo que establece en ese recurso jurídico.
Precisa que “es un hecho jurídico conocido que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia de amparo, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las responsabilidades por su incumplimiento, según lo dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo.
“En el juicio de amparo indirecto 554/2022 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, promovido por el suscrito contra un acto del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes en que se determinó la terminación de mi encargo como magistrado, el 10 de enero de 2023, su titular dictó sentencia en la que se me concedió el amparo para el efecto de que se estimara que había operado la inamovilidad del suscrito en mi cargo de magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado”, sub- raya la denuncia.
El denunciante expone que los efectos de la protección constitucional están considerados en el artículo séptimo de la Constitución local, que está siendo transgredido por el también exdirector jurídico del PAN.
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El denunciante relata en su querella que “el día 22 de junio al llegar a las instalaciones de la Sala Administrativa en donde me desempeño como magistrado, uno de mis compañeros de trabajo me dijo que, a su vez, se acaba de enterar que el día anterior, es decir, el 21 de junio de 2023, se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de fecha 20 de junio de 2023, suscrita conjuntamente por la gobernadora constitucional del estado de Aguascalientes, el secretario general de Gobierno del estado de Aguascalientes y el consejero Jurídico de Aguascalientes, Aguilar Sierra, que tiene como fin destituirme del cargo”.
En su denuncia, el magistrado de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes pide el ejercicio de la acción penal contra quienes buscan removerlo: “Pido se abra la carpeta de investigación correspondiente y, en su momento, de reunir los datos de prueba eficaces se ejercite acción penal federal en contra de quien o quienes resulten probables responsables”, exige el denunciante.
Abogados en el estado afirman que ahora la FGR investiga a Eduardo Aguilar Sierra, actual Consejero Jurídico de Aguascalientes. Es el mismo personaje que utilizó su amistad con varios personajes y ahora hace lo mismo en la entidad.
Según fuentes cercanas, el personaje se aprovecha de su posición política para cobrar cuotas y beneficiar a sus amigos, lo que es un duro golpe a la autonomía del Poder Judicial estatal ya que todo apunta a una venganza política, argumentan.
bmc