Denuncias por fraude al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y por despojo del terreno de una familia, que involucran a funcionarios y notarios de la institución, envuelven a la clínica de medicina familiar ubicada en el centro de Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
Según las denuncias penal, civil y otros documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, las controversias han derivado en sanciones mínimas a funcionarios de la exprocuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR) y a jueces, así como el llamado a comparecer al notario público involucrado.
Los atropellos también han impedido ampliaciones y remodelaciones a la clínica del ISSSTE, que cuenta con más de 14 mil derechohabientes, sin contar a las personas jubiladas.
Leer también: Ante quejas sobre falta de servicios, Director General del ISSSTE supervisa clínica en Orizaba, Veracruz
42 años de historia
En el año de 1981, María Carmona de Constantino celebró un contrato de promesa de compra-venta con el ISSSTE para la adquisición de un predio ubicado en el centro de Matías Romero Avendaño.
El terreno se destinó a la construcción de la clínica de medicina familiar de dicha población. En 1985 María Carmona murió y el contrato no se concretó.
Aun así, la construcción continuó y se concluyó, mientras su esposo, nombrado albacea, inició un juicio sucesorio intestamentario para continuar con el contrato de compra-venta; tiempo después falleció y paralelamente funcionarios del ISSSTE y notarios públicos falsificaron una escritura para simular la adquisición del predio, a través de documentos falsos, para despojar a la familia del terreno.
Los hijos y los nietos intentaron continuar con la promesa de compra-venta, pero descubrieron irregularidades cuando la institución entregaba información a cuentagotas, mientras tanto, seguían realizando el pago de predial del terreno, con una extensión de cuatro mil metros cuadrados.
Fue hasta que funcionarios de la institución se acercaron a ellos, tras las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 393 del año 2009 —en la que señala que no se puede realizar ninguna ampliación ni remodelación en la clínica porque no se cuenta con el título de propiedad del predio— que se dieron cuenta de las irregularidades.
“Es ahí cuando el ISSSTE tiene un acercamiento con nosotros. Vienen personas de la Ciudad de México a la delegación del ISSSTE en Oaxaca y realmente la cantidad que querían pagar era irrisoria por el tiempo ya transcurrido. Pero a espaldas de nosotros, hacían jurisdicciones cuando ya sabían perfectamente que la abuela había fallecido”, relata Alfonso Homero Nava, nieto de María Carmona de Constantino.
Denuncia en trámite
Hasta ese momento, la familia desconocía que existía la escritura pública 1828, con fecha del 22 de diciembre de 1993, que funcionarios del ISSSTE realizaron a espaldas de su abuela, ante el notario público número 43 de Oaxaca, Reyes Izquierdo Saure.
Posteriormente, el área jurídica del ISSSTE les informó que existía una escritura que señalaba una compra-venta de ese terreno y les recomendó conseguir a un abogado.
En 2013, María Isabel Constantino —hija de María Carmona y madre de Alfonso Homero— interpuso una denuncia civil ante los juzgados Civiles de Matías Romero (expediente 219/2013) en contra del ISSSTE y del notario público número 43, Reyes Izquierdo, quien intentó realizar la escritura ilegal.
La denuncia civil, afirma Homero Nava, está por resolverse y confía que sea a favor de su familia por las diversas documentales y pruebas aportadas.
El mismo año, el órgano de control interno (OIC) del ISSSTE, obligado por las observaciones realizadas por la ASF, interpuso una denuncia penal por el delito de fraude en perjuicio del instituto, en contra de quienes resulten responsables de la escritura 1828 del año de 1993.
El Ministerio Público, a su vez, empezó a requerir información. Primero solicitó documentación al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que respondió que el predio en el que se ubica la clínica del ISSSTE no forma parte de las propiedades que integran el patrimonio federal; además, menciona que el notario público número 43 no tiene la acreditación federal necesaria para realizar el procedimiento de una compra- venta de esa naturaleza.
Dentro de esa denuncia penal, el Ministerio Público también requirió información a la Dirección de Notarías del Estado de Oaxaca; en dicho requerimiento pidió información referente al apéndice del libro, del instrumento público 1828, volumen 28, del año 1993. La Dirección de Notarías respondió que en el libro no viene asentada ninguna firma y que nunca se concretó la compra-venta del terreno, lo que apuntaba a que la escritura del notario era falsa.
También requirió al ISSSTE el original de la escritura, porque en el legajo del expediente anexaron sólo copias certificadas. La institución volvió entonces a presentar una copia certificada alterada, donde sobrepusieron el nombre de Federico Cabrera Campos, entonces delegado del ISSSTE en Oaxaca.
En su comparecencia ante la PGR, el notario público 43 negó haber cometido algún delito y responsabilizó de las irregularidades a funcionarios del ISSSTE.
“Hay documentos que corroboran que el ISSSTE sabía perfectamente que mi abuela ya había fallecido y seis meses después intentaron hacer una escritura, y con los documentos y la investigación que realizó el Ministerio Público se corroboró que la escritura no se concretó”, apunta Alfonso Homero Nava.
Sin castigo
En 2019 el Ministerio Público de la FGR decretó el ejercicio de la acción no penal en contra de los responsables, pese a que este tipo de delitos no prescriben, afirma el nieto de María Carmona.
“Me quieren despojar del bien inmueble donde se encuentra la clínica del ISSSTE en Matías Romero y están involucrados funcionarios públicos, tanto del ISSSTE como de la entonces PGR, el presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, el notario y el juez”.
Además, denuncia que el ISSSTE ha sido omiso e inconsistente, ha obstruido la justicia, dolosamente ha provocado la dilación en la resolución del expediente civil y ha incurrido en abuso de poder y peculado.
“Por qué ante una autoridad federal, como en el caso de la averiguación previa de una denuncia que interpuso un órgano de control interno, manifiestan que hay irregularidades en cuanto a la regularización del predio, pero ante el Juzgado Civil de Matías Romero manifiestan todo lo contrario: que el predio se compró con todos los lineamientos que rige la ley del notariado del estado de Oaxaca”, señala.
Por estas irregularidades, Alfonso Homero Nava logró en dos ocasiones que se detengan las obras de ampliación y remodelación de la clínica, la primera en 2010 y la segunda en 2021.
“Yo estoy peleando el patrimonio de mi familia. Independiente de la sentencia, que obviamente va a salir a mi favor, porque ya están los documentos y la comparecencia del notario. Si el ISSSTE quiere quedarse con el terreno, tendrá que pagar el terreno a precio actual y los daños y perjuicios de todos estos años en que han ocupado el terreno sin pagar.
“La decisión no la tengo yo. Sé que el juicio lo voy a ganar y no hay pa’ donde hacerse, están tirando patadas de ahogado. La verdad son los documentos y tengo cómo comprobar la corrupción, el dolo, la dilación, la complicidad de las autoridades en este asunto”, sentencia el nieto de la propietaria original.
Hace dos años, Alfonso Homero Nava interpuso una queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca por las inconsistencias que hay en el expediente civil 219/2013, en donde pusieron como actuaria a la ciudadana Ana Karen Valdivieso, quien, afirman los demandantes, es la nuera del notario público 43, demandado por falsificar el contrato de compraventa: “No puede ser juez y parte dentro de un expediente”, señala.
