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En las cárceles municipales de los 125 ayuntamientos de Jalisco persisten situaciones de riesgo que generan actos de tortura , tratos inhumanos , crueles y degradantes, lo cual vulnera la dignidad y violentan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, señalo la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras hacer un análisis de la situación de estos centros de detención.
La defensoría señaló que la falta de seguridad y la deficiente observancia por parte del personal adscrito a las cárceles municipales incide en agresiones y en la muerte de personas detenidas por faltas administrativas, “quedando en evidencia la falta de infraestructura que garantice la adecuada operatividad, la falta de personal capacitado para brindar una atención integral y especializada, particularmente en crisis emocionales, así como la carencia de líneas de acción o protocolos de atención que garanticen el debido ejercicio de la función pública en el interior de las cárceles municipales”.
En la recomendación general 2/2020 sobre las cárceles municipales, la CEDHJ señala que hay un constante índice de agresiones, suicidios y muertes dentro de las cárceles municipales del estado; que son recurrentes los tratos degradantes, la tortura y los abusos contra las personas privadas de su libertad; que hay carencia de personal médico y psicológico adscrito a estos centros de detención; que falta personal para garantizar el acceso a la justicia administrativa y hay violencia institucional hacia las mujeres por la falta de procesos y espacios adecuados con perspectiva de género.
Además falta vigilancia y cuidado de las personas detenidas, algunas de ellas en situación de crisis debido al consumo de algún enervante o estado de depresión mental; no existen suficientes dispositivos de videovigilancia dentro de los separos y se carece de lineamentos y protocolos de atención y abordaje a personas pertenecientes a un grupo en situación de riesgo que se encuentran detenidas.
“Las deplorables condiciones materiales de las cárceles municipales, que suelen ser insalubres, transgreden el trato digno, e inclusive afectan la salud de las personas infractoras”, señala el documento.
La Comisión consideró que es evidente la falta de homologación y actualización de los reglamentos municipales de policía y buen gobierno de los municipios, de acuerdo a los estándares mínimos e indispensables en materia de derechos humanos, y que existe un indebido ejercicio de la función pública del personal adscrito a los centros de detención municipal.
Por lo anterior, el organismo solicitó al gobernador del estado, Enrique Alfaro, que coadyuve con los municipios articulando políticas públicas que tengan por objeto el mejoramiento de las instalaciones de las cárceles municipales, la asistencia de los servicios esenciales en ellas y la capacitación de personal, pues un gran porcentaje de los ayuntamientos carece de presupuesto para hacer frente a las mínimas obligaciones a las que están sujetos.
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