San Felipe.- Una denuncia anónima fue la causa que originó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abriera este 2020 una nueva investigación en contra de Sunshine Rodríguez y otros siete detenidos quienes enfrentan los delitos de delincuencia organizada , delitos contra la salud y contra el medio ambiente.
Su expediente, integrado por ocho tomos y alrededor de 12 mil hojas, es un reciclado de otras carpetas de investigación que iniciaron desde hace casi cinco años, de las cuales el Ministerio Público Federal utilizó 37 actas para solicitar la orden de aprehensión en contra de las ocho personas detenidas durante un operativo realizado por Agencia de Investigación Criminal (AIC) la madrugada del miércoles, en San Felipe y el Golfo de Santa Clara.
Felipe Alfredo Vázquez Vara explicó que los delitos que enfrentan son el de delincuencia organizada, artículo 2 fracciones primera y décima, con motivo de comisión de delitos contra la salud y medio ambiente, con penas que alcanzan de entre 20 y 40 años de prisión, como pena máxima.
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“Aquí más que nada es por la totoaba… captura y tráfico de totoaba… lo están manejando como una organización dedicada al tráfico de especies en veda y obviamente enfocada en delincuencia organizada”, detalló el defensor particular.
Ese mismo miércoles a las 22:00 horas fueron ingresados al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) en Hermosillo, Sonora y el jueves fue realizada la audiencia inicial donde se confirmó la de control donde se calificó de legal la detención al tratarse de un operativo en el que ya contaban con orden de aprehensión.
“La SEIDO lo que hizo es que adjuntó varias de las carpetas que tenían abiertas relacionadas con la captura de la tototaba, en un solo tomo, estamos combatiendo de cuatro a cinco tomos… se resume a 37 actas de investigación de los cuales entre 10 o 12 se refieren a testimonios, personas que comparecieron”, detalló.
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La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 para resolver la vinculación a proceso, por lo que la audiencia para ello quedó programada para el próximo lunes a las 09:30 horas, mientras que los detenidos quedaron asegurados al ordenarse la medida cautelar de prisión preventiva por tratarse de delitos graves.
Vazquez Vara explicó que a pesar de haberse documentado violaciones a los derechos de los detenidos como incomunicación, ya que a ninguno de los abogados se les permitió tener contacto con los detenidos, la defensa optó por concentrarse en los cargos que se les imputa debido a que la actuación del Ministerio Público Federal afectó en su tiempo de respuesta.
“Evidentemente tuvimos acciones dilatorias por parte de la autoridad que no nos dejó ver a los detenidos, que hizo un traslado y no nos respetaron el derecho de ellos ni de nosotros… al final todo el abanico se abrió hasta que inició la audiencia. Estamos frente al abuso del mecanismo de la denuncia anónima, que si bien es para ganar confianza de denunciar, también se abusa para fabricar”, lamentó.
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Ninguna de las dependencias federales involucradas en el caso ha informado públicamente sobre estos hechos.
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