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Villahermosa.— La Secretaría de la Función Pública presentó demandas penales en contra de los extitulares del Instituto Tecnológico de Comalcalco, de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab), por el presunto desvío de recursos públicos por 246 millones de pesos durante la administración de Arturo Núñez Jiménez.
Durante su comparecencia ante el Congreso local para ampliar la glosa del primer informe de gobierno, el titular de la citada dependencia, Jaime Antonio Farías Mora, detalló que hasta el 30 de septiembre, se abrieron 103 auditorías al ejercicio fiscal 2018, que fue el último año del perredista Núñez Jiménez, de las cuales 36 se encuentran concluidas y 67 están en proceso, siendo el importe preliminar de la muestra auditada de 15 mil 513 millones de pesos, que corresponden a 82 programas ejecutados por 60 entes públicos estatales y municipales.
Abundó que en todo este proceso se encontraron 247 observaciones, de las cuales 91 son financieras y 156 de control interno, afirmando que se han concluido con siete auditorías encontrándose un monto observado de 420 millones 74 mil pesos, que dijo, aún los exfuncionarios tienen un plazo legal para solventarlos.
Farías Mora dijo que la Secretaría de la Función Pública interpuso ante las fiscalías General de la República y del Estado, en el ámbito de su competencia, un total de tres denuncias penales por un posible daño al erario público de 246 millones 369 mil pesos.
Las dependencias a las que ya se les demandó son: el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por un monto de 123 millones de pesos; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, por 104 millones de pesos, y el Colegio de Bachilleres de Tabasco, por 16 millones de pesos, por lo que ahora corresponde a las autoridades deslindar responsabilidades; además se investiga un presunto desfalco de mil 300 millones de pesos en la Secretaría de Salud del Estado.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, la diputada de Morena Juana María Esther Álvarez Hernández cuestionó al funcionario sí existe o no una demanda penal en contra del exgobernador del estado y de su esposa Martha Lilia Aguilera de Núñez, a lo que el funcionario señaló que hasta el momento no la hay, debido a que no han concluido las auditorías generales a los recursos ejercidos en 2018.
